La demanda colectiva se encuentra en etapa de definición ante la Corte Suprema. El abogado Marcos Celli, quien representante a los vecinos, indicó que “ellos (la empresa) saben que es probable que en casación pierdan el juicio. El juicio es millonario, la suma superaría el millón de dólares. Son 20 personas quienes están en este litigio”.
Un grupo de vecinos del condominio Jardines de Las Vizcachas se encuentra protagonizando un litigio judicial contra la inmobiliaria encargada de la construcción de las viviendas: la empresa Aconcagua. Si bien el caso se encuentra en etapa de definición en la Corte Suprema, los afectados ya están preparando los siguientes movimientos. Esto incluye realizar presentaciones ante cortes internacionales.
El caso fue iniciado por el estudio jurídico IHC Abogados. Actualmente, cuenta además con el apoyo de la oficina de Marcos Celli, experto en derecho internacional y resolución de conflictos. Son tres los ejes centrales que justificaron la acción ante la justicia.
La demanda colectiva tuvo su punto de partida por la segmentación interna que se hizo en el condominio. Esto llevó a que si bien todos pagan los mismos gastos comunes, no todos tienen acceso a las mismas prestaciones que ofrece el recinto.
Marcos Celli explica que “encontramos a un grupo de vecinos, que son los demandantes, que están en una desventaja clara con respecto al resto de los vecinos. Esto llega al punto que hicieron un muro, separando los dos sectores, con un ingreso con guardia para evitar que los del sector A, por denominarlo de alguna manera, pasen al sector B”.
El abogado añade que “el complejo es uno solo, entonces dentro del complejo tenemos dos sectores y el sector que posee mayores servicios comunes, como por ejemplo piscina, espacios verdes, es el sector B, que está al interior del complejo habitacional. Entonces, lo que se plantea en esta demanda es que, justamente el contrato de copropiedad debiera haber sido diferenciado, porque así lo dicta y lo establece la ley. Si yo tengo servicios diferenciados, tengo que tener también normas y reglas diferenciados, y especialmente diferenciados el pago de los servicios”.
El segundo punto trata sobre una especie de “vendetta” que realizó la empresa hacia los vecinos que iniciaron la demanda: “La desarrolladora Aconcagua, cuando los vecinos que están disconformes con todo este actuar de la firma, empiezan a realizar los reclamos, la desarrolladora solicita el corte de luz ante esos cuestionamientos. O sea, la desarrolladora le pidió a la empresa de energía que corte de la luz de esas unidades habitacionales. Estamos ante un grado de demencia importante”, indica Celli.
El abogado asegura que “el único motivo por el cual se podría cortar la luz es por mora en el pago del servicio, pero como reprimenda por algún litigio. Esto está también apoyado por el artículo 471 del Código Penal”.
El tercer ítem aborda un hecho que, según los demandantes, es “a los menos” irregular: “La demanda también da cuenta de un contrato simulado que genera la desarrolladora, que es una ficción contable que pretende eludir el cumplimiento del artículo 1.825 del Código Civil. Este artículo obliga a la parte vendedora, en este caso Aconcagua, de pagar toda la deuda de la propiedad que vende. Esto es de pura lógica”, relata el especialista.
El jurista también asegura que “el comprador no se puede hacer cargo de una deuda anterior a la fecha de compra. Eso también se le ha reclamado. Acá, cada propietario, el día que recibió la causa le llegó una cuenta de dos meses de mora de gastos comunes”.
Hasta el momento, la demanda ha sido ya rechazada en dos instancias judiciales. Por eso es que actualmente se encuentra en casación, siendo estudiada por la Corte Suprema. Esto también fue parte del análisis de Celli. Este explicó que “pasa algo muy raro. Los jueces que rechazaron no indicaron que se rechazaba porque no hay delito, lo cual sería algo muy fuerte. Indican que el problema lo pueden resolver en sede policial, porque es algo de contratos. Lo rechazan solo de forma, lo cual también es un error. Porque si bien el reclamo inicial es por un tema contractual, no es solo ese el reclamo”.
En este sentido, explica que cada una de las acciones presentadas previamente por el estudio IHC Abogados se encontraba correctamente fundamentada.
¿Y qué viene ahora? Actualmente ambas partes, tanto los demandantes como el abogado de la empresa, Eduardo Spichiger, iniciaron los contactos para llegar a un acuerdo. “Ellos saben que es probable que en casación pierdan el juicio. El juicio es millonario, la suma superaría el millón de dólares. Son 20 personas quienes están en este litigio”, señala Celli.
Eso sí, la Corte Suprema no sería el final del camino. Los demandantes ya están evaluando que, en caso de perder, recurrirán ante cortes internacionales. Esto, porque según su evaluación, se estarán pasando a llevar derechos constitucionales que se encuentran consagrados en el Pacto de San José.
