Diego Palomo. Abogado. Magíster y Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Académico Universidad de Talca.
Las garantías procesales son un elemento esencial de cualquier sistema de justicia, ya que protegen los derechos fundamentales de los acusados y aseguran un juicio justo y equitativo. Sin embargo, en algunos casos, estas garantías pueden ser vistas como un obstáculo para una justicia rápida y eficiente en esa mirada unidireccional.
La justicia rápida se refiere (en esta perspectiva) a la idea de que los casos deben ser resueltos de manera rápida y eficiente, sin demoras innecesarias que puedan prolongar el proceso y aumentar los costos. Este enfoque se basa en la premisa de que la justicia tardía no es justicia, y que los ciudadanos tienen derecho a una resolución rápida y justa de sus casos.
Sin embargo, la búsqueda de la justicia rápida puede chocar con la necesidad de garantías procesales adecuadas. Las garantías procesales son esenciales para asegurar un juicio justo y equitativo, y proteger los derechos fundamentales de los imputados y acusados. Estas garantías incluyen el derecho a un juicio justo, el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, entre otras.
La justicia rápida puede ser vista por algunos (especialmente los ingenieros que tienen un activo papel en el Poder judicial desde hace un par de décadas) como una solución a los problemas de congestión y retraso en los tribunales, pero si se busca a expensas de las garantías procesales (y el rol de los abogados) puede ser perjudicial para la justicia al final del día. La Justicia no es una fábrica de salchichas o de pernos. Tampoco una máquina de moler carne.
Vale decir, aunque la rapidez de la respuesta jurisdiccional es un objetivo o contenido de la justicia, no debe ser buscada a expensas de las garantías procesales adecuadas. Estas garantías son esenciales para proteger los derechos fundamentales de los acusados y asegurar un juicio y una respuesta legítima que cumpla los estándares de un estado de derecho democrático.
La clave está en que se debe buscar un equilibrio entre una justicia rápida y eficiente y la protección de las garantías procesales adecuadas. Solo así podemos garantizar una justicia que sea efectiva y justa para todos, y acorde a los estándares de una sociedad democrática.
