En una audiencia de alta complejidad técnica, la Fiscalía Regional de Aysén expuso los 173 tomos de una investigación que apunta a una asociación ilícita estructurada en núcleos. Los informes del OS7 de Carabineros revelan una escalada de ingresos que, bajo una supuesta fachada medicinal, habría generado utilidades por más de 8 mil millones de pesos.
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago se convirtió este martes en el epicentro de una de las tramas judiciales más extensas del último tiempo en materia de narcotráfico y lavado de activos. En la sala C101 del Centro de Justicia, el Ministerio Público inició la formalización de 38 imputados —entre ellos el conocido exchico reality Camilo Huerta— vinculados a una organización que, según la fiscalía, otorgaba una apariencia de legalidad a la venta de cannabis a través de una red nacional de locales establecidos,.
La carpeta investigativa, que se extiende por 173 tomos, detalla cómo la empresa DN Medcorp y la Corporación de Dispensario Nacional habrían operado para ocultar fines comerciales bajo un modelo terapéutico,. El golpe de gracia de la persecución penal proviene de los reportes financieros del OS7 de Carabineros, los cuales consignan que la entidad “recibió transferencias de dinero, depósitos y otros ingresos por un total de 8 mil 89 millones 879 mil 813 pesos, esto es, un poco más de 9 millones de dólares”.
La estructura de los tres núcleos
La indagatoria del OS7 y la Sección de Lavado de Activos describe una organización criminal rígidamente estructurada en tres niveles funcionales: el núcleo directivo, el de cultivo y el de comercialización. El núcleo directivo, liderado por las cúpulas de DN Medcorp, gestionaba los flujos de capital, mientras que el núcleo de cultivo —vinculado a Rodrigo Buzeta y la firma MA Botanics— se encargaba de la producción masiva en predios de Pelarco, operando tanto con permisos administrativos como en plantaciones clandestinas,.
Finalmente, el núcleo de comercialización, asociado a Matías Landerer, era el responsable de la venta masiva a través de franquicias y sistemas de reparto. Según los informes policiales, este modelo permitía la distribución bajo la “apariencia de un modelo terapéutico o de autoconsumo”, logrando un crecimiento de ingresos que pasó de niveles menores en 2023 a superar los $900 millones mensuales hacia fines de 2026,.
“Miles de millones”: Las escuchas que delataron el plan
Las pruebas recolectadas incluyen interceptaciones telefónicas que resultaron clave para desentrañar la ambición comercial de la red. En una de las escuchas, el imputado Andrés Astorga comentaba con un tercero sus proyecciones de expansión para el negocio del THC: “Y después el segundo año lo voy (a hacer) crecer con las utilidades mismas de la hue… y hasta que lleguemos a los 5 mil metros cuadrados de un outdoor tecnificado”.
En el mismo audio, Astorga detalla la rentabilidad esperada por la producción a gran escala: “De ahí, voy a estar produciendo 300 kilos mensuales y si los vendo a 6 lucas (6 millones de pesos) estamos hablando de miles de millones de pesos”. Según el reporte policial, el imputado aseguraba que, gracias a contar con cinco mil socios, podría obtener permisos del SAG sin inconvenientes para legitimar estas “ganancias exuberantes”.
El contraargumento de la defensa
Frente a la contundencia de los números expuestos por el Ministerio Público, las defensas preparan sus descargos enfocándose en la naturaleza jurídica de las corporaciones involucradas. El abogado Felipe Moraga, representante de Andrés Astorga, planteó una distinción técnica sobre la operatividad de la organización.
Moraga explicó que el hecho de que la corporación sea sin fines de lucro “no significa que no pueda tener ingresos”, argumentando que existen muchas entidades de este tipo con flujos cuantiosos. Para la defensa, el punto central de la discusión en el estrado no debe ser la cantidad de dinero percibida, sino su destino: “Lo importante es cuál va a ser la utilización de dichos ingresos; si es que se ocupan para los fines propios de la corporación no hay ilicitud alguna”, sostuvo el jurista, advirtiendo que, en caso de desvíos, la falta podría ser de carácter corporativo y no necesariamente un delito de lavado de activos.
