La jornada de este martes estuvo marcada por la audiencia de formalización de los 56 detenidos en el marco de una de las mayores investigaciones por delitos económicos y pesqueros en el sur de Chile. Entre los imputados destaca la figura de Guillermo Quiroz, quien hasta mayo pasado se desempeñaba como director regional subrogante de Sernapesca en Los Ríos y anteriormente fue Seremi de Economía. El Ministerio Público presentó cargos por asociación criminal, lavado de activos, cohecho, falsificación de instrumento público, delitos contra la salud pública e infracciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura.
El rastreo patrimonial de la PDI
El trabajo de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI de Valdivia resultó fundamental para dimensionar la magnitud del fraude. A través de un análisis financiero, los detectives determinaron que la organización registró ingresos observados por más de $8.811 millones entre los años 2023 y 2024. Esta cifra contrasta drásticamente con lo declarado ante el Servicio de Impuestos Internos por los involucrados, que apenas superó los $550 millones, dejando una brecha de ingresos no justificados de más de $8.261 millones.
Como parte de las diligencias de la PDI, se logró detectar y asegurar un importante patrimonio que los imputados habrían adquirido con ganancias del ilícito. Este incluye 29 vehículos avaluados en $581 millones, cuatro inmuebles cercanos a los $395 millones y un gimnasio en la ciudad de Valdivia valorado en aproximadamente $100 millones.
Modus operandi: Información privilegiada y rutas clandestinas
La investigación estableció que la red operaba mediante la coordinación de tres grupos organizados que adquirían recursos hidrobiológicos en la zona de Calbuco, Región de Los Lagos, sin acreditar su origen legal ni trazabilidad. La mercancía era trasladada durante la madrugada hacia la Región de Los Ríos, utilizando una logística diseñada para evadir cualquier tipo de control estatal.
Para garantizar el éxito de la operación, la banda contaba con la colaboración de funcionarios públicos que proporcionaban información privilegiada sobre operativos y puntos de control. Además de Quiroz, la red integraba a tres funcionarios activos de Carabineros, un trabajador municipal de Valdivia y cinco empleadas del peaje Troncal La Unión, quienes alertaban sobre fiscalizaciones en la ruta.
Una vez que los productos ingresaban a Valdivia, eran blanqueados mediante su venta en el Mercado Municipal y la Feria Fluvial, o bien distribuidos masivamente hacia el Terminal Pesquero de la Región Metropolitana y otros puntos comerciales en La Araucanía. La red logró posicionarse como un actor dominante en el mercado ilícito, afectando la competencia legal y la salud pública al comercializar productos sin las certificaciones sanitarias correspondientes.
