El 7° Juzgado de Garantía de Santiago dictó el arresto domiciliario total y arraigo nacional para el abogado y exdiputado. La Fiscalía Regional de Los Lagos expuso la ingeniería financiera con cheques fraccionados, giros en efectivo y depósitos a plazo que permitieron blanquear los fondos del millonario litigio contra Codelco, mientras las delaciones del exparlamentario desencadenan acusaciones cruzadas y abren nuevos flancos en el Congreso.
La comparecencia del abogado y exdiputado Gabriel Silber Romo ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago marcó el cierre del círculo de imputaciones contra el núcleo operativo del bufete Lagos, Vargas & Silber. En la audiencia dirigida por la Fiscalía Regional de Los Lagos, el tribunal decretó para el exparlamentario las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, tras formalizarlo por los delitos de soborno y lavado de activos en calidad de colaborador eficaz. La decisión judicial se enmarcó en una estrategia trazada por su defensa para encaminar la causa hacia un eventual juicio abreviado. De forma paralela, el ente persecutor reformalizó a los demás intervinientes de la trama, precisando los cargos por cohecho y lavado de activos que pesan sobre la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, su pareja Gonzalo Migueles Oteíza, los abogados Eduardo Lagos Herrera y Mario Vargas Cociña, el conservador Sergio Yáber Lozano, el suspendido conservador Yamil Najle Alée y el operador financiero Harold Pizarro.
La ingeniería financiera y la ruta de los $1.087 millones
El eje central de la imputación fiscal radicó en la presentación de un informe pericial financiero que acreditó que, como consecuencia de los sobornos atribuidos a los abogados del bufete, se generaron y circularon fondos de origen ilícito por un total de $1.087.952.876. Dichos recursos provienen de las transferencias que la estatal Codelco realizó en favor del Consorcio Belaz Movitec SpA (CBM) tras una serie de resoluciones favorables dictadas por la Tercera Sala del máximo tribunal en un litigio que superó los $17 mil millones. Una vez que Codelco pagó los fondos en julio de 2023, la empresa de capitales bielorrusos transfirió y giró cheques por $683.195.680 a las cuentas de las sociedades vinculadas a los imputados. La fiscalía sostuvo que estas operaciones se ejecutaron mediante esquemas fraccionados para mezclar los dineros en el sistema bancario, destacando giros iniciales por $10 millones y $7 millones el 12 de julio de 2023, seguidos por dos cheques de $545.069.193 y $121.126.487 concretados doce días después.
Giros en efectivo, fondos mutuos y depósitos a plazo
A partir de la recepción de estos montos, los imputados desplegaron diversas maniobras destinadas a ocultar el origen ilícito del dinero e integrarlo al torrente económico. Las pericias del OS-7 de Carabineros determinaron que cerca de $393.800.000 fueron retirados en efectivo desde sucursales bancarias para ser invertidos en instrumentos financieros y hacerlos circular directamente o mediante sociedades relacionadas. Asimismo, destinaron $180.000.000 a fondos mutuos para fraccionar las ganancias. En el caso particular de Gabriel Silber, el análisis contable detectó que el 3 de agosto de 2023 recibió en su cuenta del Banco BCI cuatro transferencias provenientes del estudio jurídico por un total de $25.000.000. Con dichos fondos, el exdiputado colocó $20.000.000 en un depósito a plazo y destinó el saldo al pago de deudas y pasivos personales, acumulando en el cómputo global de las asesorías a CBM un monto investigado cercano a los $95 millones (equivalentes a más de 97 mil dólares).
La filtración previa del fallo y la querella de Codelco
Las acciones penales impulsadas por Codelco habían escalado previamente en abril de 2026, cuando la minera estatal amplió su querella por soborno y lavado de activos e incluyó expresamente al exdiputado Aldo Cornejo González y a la funcionaria del estudio María Pía Peñaloza López. En sus declaraciones judiciales como colaborador, Silber entregó antecedentes sobre las dinámicas internas del bufete, relatando que el 3 de julio de 2023 la exministra Ángela Vivanco llamó vía WhatsApp a Eduardo Lagos para avisarle que la Tercera Sala resolvería a favor de CBM en un recurso clave. Pese a que el fallo era reservado y solo se firmó al día siguiente, Lagos instruyó de inmediato a Aldo Cornejo a contactar al presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, para intentar forzar un acuerdo extrajudicial por US$70 millones.
El plan para inhabilitar ministros y la coartada desde Capitán Yáber
El testimonio de Silber reveló además un plan promovido por Vivanco para tomar el control de la Tercera Sala de la Corte Suprema mediante la inhabilitación de sus pares. Según la declaración, la exmagistrada entregaba información a Lagos para que este, a través de la ONG “Quiero vivir sin delincuencia ni corrupción”, presentara denuncias por faltas a la ética contra los ministros Sergio Muñoz y Leopoldo Llanos. Junto a ello, el colaborador expuso que Mario Vargas le prestaba habitualmente un departamento en Papudo a Vivanco durante la tramitación del caso Codelco, mientras que Eduardo Lagos le cedió un inmueble en El Golf al hijastro del ministro Diego Simpertigue. Silber agregó que, tras la detención de sus exsocios a fines de 2025, recibió recados desde el anexo penal Capitán Yáber para que acudiera a visitarlos y coordinara una versión falsa que justificara el pago de $45 millones a Gonzalo Migueles mediante un negocio inexistente de recupero de vehículos.
Quiebre entre exsocios y derivaciones hacia el Congreso
Las delaciones de Silber provocaron un quiebre definitivo en el bufete y desencadenaron duras réplicas desde el penal Capitán Yáber, donde Eduardo Lagos lo tildó públicamente de “traidor y un Judas” por haber entregado información a la fiscalía. En respuesta, Lagos presentó una denuncia que abrió un flanco político en el Congreso, acusando a la senadora PPD Loreto Carvajal, esposa de Silber, de haber recibido $300 millones por parte del imputado Yamil Najle a cambio de gestiones para su nombramiento como conservador de Bienes Raíces de Chillán. Frente a la gravedad de los antecedentes, la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer desglosó la carpeta y derivó la investigación a la Fiscalía Regional de Aysén, a cargo del fiscal Hernán Libedinsky. Por su parte, la senadora Carvajal rechazó categóricamente los señalamientos, calificando la acusación de Lagos como una canallada destinada a silenciar la verdad tras la colaboración prestada por su esposo en la causa.
