Tras una extenuante sesión de más de siete horas, la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León entró en receso y se reanudará este miércoles con la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE). El organismo, que actúa como querellante en la causa, expondrá sus argumentos antes de que el tribunal entre a resolver la solicitud de prisión preventiva emanada desde la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.
Durante esta jornada, el Ministerio Público imputó formalmente al exlegislador los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado, vinculados a una presunta defraudación que superaría los 170 millones de pesos mediante la rendición de facturas ideológicamente falsas ante la Cámara de Diputados y el Servel.
Uno de los pilares de la imputación fue la exhibición de un audio clave en el que Lavín felicita a su equipo por alcanzar una base de 40 mil contactos, registro que para la fiscalía acredita de forma fehaciente el desvío de personal pagado con asignaciones parlamentarias hacia tareas de carácter estrictamente electoral y comercial.
Según la fiscal Constanza Encina, el imputado mantenía una “forma de operar maliciosa y fraudulenta” utilizando proveedores como la imprenta MMG para generar un “bolsón” de recursos destinado a saldar deudas personales y financiar campañas políticas de otros postulantes de la UDI. Además, el ente persecutor acusó a Lavín de actuar como un “alcalde en las sombras” en el municipio de Maipú, interviniendo directamente en la gestión de despidos de funcionarios por motivos políticos durante la administración de su cónyuge, Cathy Barriga.
Mientras el tribunal ya dictó medidas de arresto domiciliario nocturno para el empresario Juan Silva ,quien alcanzó un acuerdo colaborativo tras prestar declaración en cuatro oportunidades, la situación procesal de Lavín León permanece incierta a la espera de la resolución sobre su libertad. Por su parte, la defensa encabezada por el abogado Cristóbal Bonacic desestimó los cargos, asegurando que el Ministerio Público sostiene una “historia coherente con su imputación” pero que omite datos fundamentales que cambian la visión del caso, descartando tajantemente el uso de fondos públicos para el financiamiento de campañas presidenciales. Al cierre de la jornada, el propio exdiputado reafirmó su inocencia ante la prensa, manifestando escuetamente que espera que “haya justicia”.
