El trabajo unificado entre la unidad especializada del Ministerio Público, fiscalías regionales, la PDI y Gendarmería permitió conectar indagatorias dispersas en el sector sur de Santiago. La investigación concluyó con 13 detenidos, el allanamiento a la celda del cabecilla en un penal de alta seguridad y la atribución de delitos que van desde el tráfico de drogas y armas hasta el lavado de activos y el reclutamiento de menores.
Un despliegue coordinado por la Fiscalía Supraterritorial permitió desbaratar a la estructura criminal conocida como “Los del 30”, agrupación que mantenía el control del tráfico de sustancias ilícitas, acopio de armamento y disputas territoriales en comunas del sector sur de la Región Metropolitana, como San Bernardo, La Pintana y El Bosque. El procedimiento contempló la entrada y registro a 11 domicilios de la capital y el allanamiento a la celda de su presunto líder en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), desde donde continuaba dirigiendo las operaciones de la red pese a encontrarse privado de libertad por homicidio.
El operativo, según consignó Meganoticias, terminó con la detención de 13 personas, entre las que figuran dos ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular y dos menores de edad, de 14 y 17 años. Además de la aprehensión de los integrantes en libertad, el trabajo policial y penitenciario permitió incautar cerca de un kilo de droga, armas de fuego, armamento largo y municiones de guerra.
Cruce de causas e investigación penal estratégica
El aspecto central del procedimiento radicó en la capacidad de persecución estratégica de la Fiscalía Supraterritorial, unidad dirigida por el fiscal jefe Miguel Ángel Orellana, que asumió la tarea de articular a las distintas fiscalías regionales y canalizar la evidencia que hasta ahora permanecía fragmentada en investigaciones por flagrancia.
El trabajo conjunto con la Brigada Investigadora de Particulares y Antisecuestros (BIPE) Metropolitana de la PDI, a cargo del prefecto Hassel Barrientos, y el Departamento de Investigación Criminal (DICRIM) de Gendarmería, permitió vincular expedientes que abordaban por separado incautaciones de drogas, decomisos de armamento y los denominados “pelotazos” o lanzamientos de sustancias hacia el interior del penal Santiago Uno.
Al analizar la relevancia de coordinar estas indagatorias, el prefecto Hassel Barrientos explicó que “Esta investigación reúne una serie de eventos que estaban dispersos y que habían sido objeto de situaciones de flagrancia por parte de las distintas fiscalías regionales. Eventos que tenían que ver con incautaciones de armas de fuego, incautaciones de droga y también incautaciones realizadas por Gendarmería en Santiago Uno”. El jefe policial remarcó que “Detrás de todos estos hechos existía una sola estructura que comercializaba droga y armas en distintas comunidades tanto en la zona sur como occidente. Además tenían un mercado ilícito asociado al lanzamiento de drogas al interior de Santiago Uno”.
Ramificaciones al exterior
La investigación penal, iniciada en junio tras hallazgos de Gendarmería en recintos penitenciarios, expuso cómo el cabecilla de “Los del 30” administraba el negocio ilegal desde su lugar de reclusión. La estructura mantenía un monitoreo permanente sobre el flujo de drogas, el inventario de armas disponibles y los reportes financieros que generaba la célula en las calles.
A su vez, la organización utilizaba la modalidad del “falso policía” para perpetrar quitadas de droga a bandas rivales y reabastecer sus puntos de venta. Asimismo, las armas incautadas a la agrupación quedaron científicamente vinculadas a episodios de disparos al aire, enfrentamientos, casos de lesiones e incluso homicidios registrados en la zona sur de Santiago.
Desde el Ministerio Público se subrayó la prioridad de abordar la delincuencia que se gesta tras las rejas. Al respecto, el fiscal Miguel Ángel Orellana destacó que “el Ministerio Público, a través de sus distintas reparticiones, Fiscalía Superior Territorial, Fiscalía Occidente y las demás Fiscalías Regionales, actúan en forma unificada, coordinada y en forma planificada. El procedimiento que se ha devuelto hoy día operativamente a cargo de la Fiscalía Supraterritorial junto con la BIPE de la Policía de Investigaciones y DICRIM de Gendarmería, nos permite a nosotros seguir obteniendo información valiosa respecto de lo que ocurre al interior de las cárceles. El fenómeno carcelario, desde el punto de vista investigativo, es un fenómeno que ustedes han podido ver y han podido observar a través de distintos procedimientos, ocupa especial atención”.
En esa misma línea, el fiscal jefe de la unidad supraterritorial enfatizó el impacto que estos centros de mando penitenciarios tienen en la seguridad pública: “Todo lo que ocurre al interior de las cárceles, todo lo que se realiza al interior de las cárceles, tiene repercusión muchas veces al exterior. Y este procedimiento da muestra de que se habla de una persona que lidera una estructura criminal capaz de seguir realizando acciones que infringen la ley de droga y la ley de control de armas, desde el interior de la cárcel, con una estructura al exterior, pero también al interior del propio recinto penitenciario”.
Ante la eventualidad de filtraciones que facilitaran la operación desde el presidio, el subjefe del Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería, teniente coronel Juan Sánchez, aclaró que “Respecto a esta investigación no tenemos antecedentes que nos permitan determinar y establecer la participación de funcionarios penitenciarios que estén colaborando con estas organizaciones criminales. De tener estos antecedentes nosotros vamos a poner inmediatamente todos los antecedentes al Ministerio Público y a la Policía de Investigaciones y nuestra autoridad institucional ejercerá todas las acciones administrativas para desvincularlos y apartarlos de la institución”.
Reclutamiento de menores y blanqueo en el sistema financiero
Otro eje crítico de la imputación desarrollada por la Fiscalía radica en el uso de adolescentes como “soldados” en el territorio. De acuerdo con las pesquisas, la banda captaba a menores de edad para cometer robos a cambio de dinero, involucrarlos en balaceras contra agrupaciones rivales y encomendarles el porte de armamento de fuego.
Junto con los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y porte ilegal de armas, el ente persecutor formalizará cargos por lavado de activos. Las indagatorias patrimoniales determinaron que las elevadas sumas de dinero obtenidas en efectivo por la venta de droga eran bancarizadas e introducidas al sistema financiero formal mediante depósitos en diversas cuentas corrientes para blanquear las ganancias de la red criminal.
Sobre las siguientes etapas procesales, el prefecto Barrientos confirmó que “La formalización la vamos a plantear el día de mañana para el grupo de personas que se encontraban en libertad. Los recursos originados en la actividad ilícita y que eran obtenidos en efectivo, eran ingresados al sistema financiero formal a través de distintas cuentas bancarias”. Los 13 imputados quedarán a disposición de los tribunales de garantía para la audiencia de control de detención y la correspondiente formalización de cargos.
