La Fiscalía Supraterritorial ya se encuentra operativa y con sus primeras investigaciones en marcha, abordando fenómenos delictivos que superan los límites regionales y nacionales. El fiscal nacional, Ángel Valencia, dio a conocer que el hito inaugural de esta unidad especializada se vincula a una red de criminalidad transnacional detectada en la zona norte del país.
Según explicó el líder del ente persecutor en conversación con La Tercera, el caso se originó a partir de un requerimiento de las autoridades del país vecino. Valencia detalló que “cuando recién partió la Fiscalía Supraterritorial, el gobierno de Bolivia le planteó al gobierno de Chile que estaba enfrentando dificultades importantes con robos y contaminación de hidrocarburos en camiones que se dirigían hacia Bolivia y que se producían dentro del territorio chileno y nos pidieron cooperación”. El fiscal justificó la decisión de asignar esta indagatoria a la nueva oficina señalando que “es una causa de crimen organizado, que trasciende nuestras fronteras”.
El diagnóstico de la “frontera porosa”
Más allá de este primer caso, el Ministerio Público ha levantado una alerta sobre la fragilidad de los límites territoriales en Sudamérica. Tras participar en una cumbre regional en Santiago, Valencia comparó la situación del continente con el área de libre circulación europea, afirmando que “enfrentamos una suerte de espacio Schengen”. Esta analogía apunta a la facilidad con la que operan las “empresas criminales” que, ante la porosidad de los controles, se dedican a delitos que van desde el tráfico de drogas hasta la trata de personas y el contrabando.
Para el fiscal nacional, la amenaza ya no es esporádica, sino que se trata de estructuras que “tratan de quedarse, tratan de crecer y desarrollar estas actividades ilícitas para enriquecerse”. El diagnóstico es compartido por otros países de la zona, quienes en las reuniones bilaterales manifestaron que la realidad chilena es un espejo de sus propias crisis internas: “varios ministros nos decían que parecía que usted estuviera hablando de mi país”, relató el persecutor.
Propuestas y prioridades del Ministerio Público
Frente a este escenario de criminalidad transnacional, el fiscal Valencia ha propuesto una hoja de ruta centrada en tres pilares fundamentales que considera el “top tres” de la seguridad nacional. El primero de ellos es el control de la frontera norte, seguido de una reforma profunda al sistema penitenciario y el fortalecimiento del orden público en las calles.
En paralelo a la agenda de seguridad, el jefe regional del Ministerio Público abordó otras investigaciones de alta complejidad, como las presuntas irregularidades en la Junaeb por pagos de raciones no entregadas, causa que quedó bajo la tutela del Equipo de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente. Valencia indicó que, de acreditarse los hechos, se estarían enfrentando a figuras como el “fraude al Fisco”.
Finalmente, respecto de la relación institucional con la administración de José Antonio Kast, Valencia reafirmó la autonomía de la Fiscalía, aunque subrayó el deber de cooperar como parte del Estado. No obstante, envió un mensaje sobre la importancia de respetar los espacios de trabajo, señalando que “la base del apoyo, cuando son instituciones que son constitucionalmente autónomas, está en el no involucrarse” y advirtió que los intentos de atribuirse logros colectivos de forma individual pueden provocar un “deterioro en las relaciones de trabajo” entre los organismos.
