En Estrado.
El Consejo de Defensa del Estado presentó ayer una querella criminal contra el exdirector de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, Héctor Espinosa Valenzuela, y el subcomisario Eduardo Villablanca Inostroza por delitos reiterados de malversación de caudales públicos.
Se le imputó también a Espinoza delitos de falsificación de instrumentos públicos y de lavado de activos. Por este último ilícito el Consejo acusa también a su cónyuge María Neira Cabrera, funcionaria del Servicio de Impuestos Internos, y al subcomisario Villablanca Inostroza. En tanto, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, solicitó la formalización de la exautoridad de la policía civil, segun publicó La Tercera.
La querella del CDE describe el procedimiento y/o mecanismos utilizados por los imputados para, en primer lugar, sustraer cuantiosos fondos fiscales provenientes de gastos reservados asignados por Ley de Presupuestos a dicha institución entre 2015 y 2018. Según informó Biobiochile.cl al menos cuatro funcionarios del Banco de Chile tuvieron sospechas de que los depósitos realizaba en su cuenta corriente como la de su esposa, tenían un comportamiento anómalo, sobre todo porque eran hechos en efectivo.
Los antecedentes reunidos en la investigación del Ministerio Público permiten fundadamente deducir que, con ocasión de la asignación y posterior rendición de eso fondos reservados –que entre junio de 2015 y diciembre de 2018 ascendieron a $1.306.033.000-, “el querellado Héctor Espinosa Valenzuela, entonces director general de la PDI, concertado con el subcomisario Eduardo Villablanca, su ayudante al momento de los hechos, sustrajeron cuantiosos caudales públicos provenientes de gastos reservados, los que este último depositó en efectivo en cuentas corrientes de Espinosa y de su cónyuge, así como en cuentas propias”, señala un comunicado de la institución.
Del mismo modo, la acción penal interpuesta describe la forma en que se falsificaron y/o utilizaron declaraciones juradas falsas para justificar el uso y destino de los referidos gastos reservados, presentadas entre 2015 y 2017 ante la Contraloría por el exdirector general, así como ante la propia PDI, mediante certificados dolosos firmados por Espinosa para justificar egresos periódicos de fondos que, en promedio, ascendían a $30 millones mensuales.
Conforme con ello y como una forma de ocultar las sustracciones, en el proceso de rendición genérica y anual de los gastos reservados ante la Contraloría, el querellado falsificó y/o utilizó declaraciones juradas mendaces de buena inversión, mediante las cuales sostenía, bajo juramento, que estos se emplearon en los fines propios de la PDI y en las misiones que le son inherentes, relativas al orden público y seguridad interior y exterior del país, indica la querella del CDE.
“El Consejo sostiene que, con los dineros sustraídos, los imputados, a sabiendas del origen ilícito de estos fondos, realizaron distintas operaciones que tuvieron por finalidad su introducción en el sistema económico formal, ocultándolos mediante el fraccionamiento en diversas cuentas corrientes o productos financieros y adquiriendo bienes muebles o inmuebles. A la fecha, la indagatoria ha determinado la adquisición por parte de los imputados de vehículos, un departamento en la comuna de Las Condes, entre otros bienes”, agregan.
