La Fiscalía Local del Tamarugal elevó este martes ante los tribunales de la Región de Tarapacá los antecedentes de una compleja incautación de estupefacientes que involucra a agentes estatales extranjeros. En la audiencia de formalización, la fiscal Karem Gómez comunicó cargos por el delito de tráfico ilícito de drogas en contra de tres ciudadanos peruanos —identificados con las iniciales H.R.A.C., C.A.O.C. y J.A.Q.Q.—, quienes fueron sorprendidos transportando un total de 4 kilos 758 gramos de ketamina. Tras ponderar la gravedad del hecho y el riesgo de fuga, el Juzgado de Garantía decretó la medida cautelar de prisión preventiva para todos los imputados.
El núcleo de la decisión judicial se sustenta en el operativo realizado el pasado 9 de mayo por el OS7 de Carabineros en el kilómetro 1.839 de la Ruta 5 Norte, a la altura de la comuna de Huara. Durante la fiscalización de un bus interprovincial que cumplía el trayecto Arica-Iquique, el perro detector de drogas “North” alertó sobre la presencia de sustancias prohibidas en los tres pasajeros. Según expuso el Ministerio Público, los sujetos no solo portaban la droga adosada a sus cuerpos, sino que también habían recurrido a la peligrosa técnica de ingesta de ovoides.
En el aspecto institucional, el fiscal Milton Torres detalló que, al momento de la detención, los imputados portaban tarjetas de identificación y chaquetas que daban cuenta de su calidad de “militares activos del Ejército peruano”. A este antecedente se sumó el informe sobre su situación migratoria, el cual estableció que los tres individuos habían ingresado al territorio nacional de manera irregular. Debido a la complejidad de la técnica de ocultamiento, los sujetos debieron ser trasladados al Hospital de Pozo Almonte para ser sometidos a exámenes de rayos X, lográndose la recuperación total de 340 cápsulas de droga.
Desde el Ejecutivo, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, vinculó el éxito de la diligencia a la implementación del plan estratégico “Escudo en Ruta”, diseñado para el control territorial en zonas críticas del norte del país. La secretaria de Estado subrayó que estos procedimientos se basan en análisis de inteligencia coordinados entre las policías y las instituciones de seguridad. Con la resolución de la justicia de Tarapacá, el Ministerio Público dispone ahora de cinco meses para agotar las diligencias y establecer el destino final de la sustancia, en un caso que ha puesto a prueba los mecanismos de vigilancia en los pasos fronterizos.
