La Fiscalía Metropolitana Centro Norte encabeza la indagatoria tras la querella presentada por una aspirante a gendarme contra un teniente de la institución. Mientras el sumario administrativo sigue su curso y el oficial fue trasladado de unidad, la defensa de la denunciante solicita que la PDI asuma las diligencias para garantizar la imparcialidad de un proceso que ya registra un intento de suicidio por parte de la víctima.
La institucionalidad de Gendarmería de Chile enfrenta una nueva crisis interna tras judicializarse una denuncia por violación ocurrida al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II. Según reveló un reportaje de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, los hechos habrían ocurrido en septiembre de 2025, afectando a una aspirante que realizaba su práctica profesional en dicho recinto penal. Con el fin de proteger su identidad, en esta nota se utilizará el nombre ficticio de Josefa.
El caso se encuentra actualmente bajo la lupa de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, luego de que la institución activara los protocolos de rigor y la víctima formalizara una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Colina. La denuncia apunta a un oficial identificado en el proceso como el “teniente Díaz”, quien habría abordado a la joven faltando solo un día para que ella terminara su etapa de formación en el penal.
El relato de la acción legal
De acuerdo con el libelo presentado por la defensa de Josefa, nombre ficticio de la víctima, la agresión se habría gestado durante un operativo de allanamiento nocturno. El texto legal detalla que el oficial intentó obtener el número telefónico de la aspirante bajo presión, logrando contactarla posteriormente vía WhatsApp pese a su negativa inicial.
La querella describe que el ataque ocurrió en el pasillo de las habitaciones del personal. Según la declaración contenida en la acción judicial, el oficial la habría abordado mientras ella fumaba en una escalera: “El teniente Díaz la tomó fuertemente de una de sus muñecas y la arrastró hasta el dormitorio que tenía asignado. Allí fue donde —sostiene la querella— la violó”. Tras el hecho, la denuncia judicial consigna que el oficial habría proferido amenazas directas: “Si yo decía algo iba a terminar perdiendo yo, porque como yo estaba en la escuela no tenía mucho que hacer y él ya era teniente, tenía sus contactos y todo”.
El factor de la imparcialidad judicial
Uno de los puntos de mayor fricción en la causa es la conducción de las diligencias. Actualmente, el trabajo pericial y la toma de declaraciones han estado a cargo del Departamento de Investigación Criminal (DICRIM) de Gendarmería y del OS9 de Carabineros. Sin embargo, los abogados de la víctima han solicitado formalmente al Ministerio Público que la investigación sea asignada exclusivamente a una unidad especializada de la Policía de Investigaciones (PDI).
Esta solicitud busca cautelar la imparcialidad del proceso, bajo la tesis de que la intervención de funcionarios de la propia Gendarmería en una causa que involucra a un oficial superior podría viciar el avance de la indagatoria. Entre las diligencias pendientes, la defensa también ha pedido que se cite a declarar a la directora de la Escuela de Gendarmería y a la psicóloga que recibió el primer testimonio de Josefa tras el ataque.
Sumario y traslado del oficial
En el ámbito administrativo, la institución “verde boldo” instruyó un sumario interno para determinar responsabilidades y posibles infracciones a los deberes funcionarios. Fuentes institucionales confirmaron a Radio Bío Bío que el oficial denunciado fue trasladado al penal Colina I y que, durante octubre de 2025, estuvo suspendido de sus funciones de manera temporal.
El impacto de estos hechos en la víctima ha sido severo. Tras los sucesos en Colina II, Josefa fue destinada a trabajar en Antofagasta, donde —según relata la investigación periodística— intentó quitarse la vida con un arma institucional mientras cumplía un servicio en un hospital. Tras pasar dos semanas internada, actualmente permanece con licencia médica psiquiátrica en el sur del país, a la espera de que los peritajes de la Fiscalía permitan formalizar los cargos contra el oficial involucrado.
