En una audiencia programada para este miércoles 2 de septiembre ante el Juzgado de Garantía de la ciudad nortina, el Ministerio Público imputará cargos a funcionarios del Ejército por vejaciones sufridas por tres soldados que sobrevivieron a la campaña de instrucción de 2024. Tres de los imputados ya enfrentan cargos en la causa principal por la muerte de Franco Vargas, mientras que otros cinco serán encausados por primera vez.
El Juzgado de Garantía de Arica será el escenario de un hito procesal clave en la indagatoria por las vulneraciones de derechos fundamentales ocurridas al interior de recintos militares en el altiplano. A partir de las 08:30 horas de este miércoles 2 de septiembre de 2026, la Fiscalía Local de Arica formalizará la investigación penal en contra de ocho funcionarios del Ejército en servicio activo o en retiro, imputándoles participación directa en el delito de apremios ilegítimos en perjuicio de tres soldados conscriptos.
Esta nueva línea de persecución penal, que se tramitará en la sala 4 del tribunal de garantía, se desprende directamente de la causa principal que sustancia el Ministerio Público por el deceso del recluta Franco Vargas (19), registrado el 27 de abril de 2024 en medio de una marcha de entrenamiento de la Brigada Motorizada N° 24 Huamachuco. Según precisó el organismo persecutor, las tres víctimas de esta arista pertenecían al mismo contingente de jóvenes que realizaba su servicio militar voluntario junto a Vargas, aunque no integraban su escuadra de forma directa. Los hechos habrían tenido lugar durante el período en que los soldados permanecieron destinados en la localidad fronteriza de Pacollo, en la Provincia de Parinacota.
El cruce de imputados y el estado del caso principal
El diseño procesal de la fiscalía liderada por el fiscal regional Mario Carrera contempla que de los ocho militares que comparecerán ante el estrado, tres ya se encuentran formalizados en la causa matriz por la muerte de Vargas. Respecto de ellos, el Ministerio Público comunicará nuevos cargos específicos por los vejámenes cometidos contra los otros tres conscriptos identificados recientemente. En tanto, los cinco imputados restantes corresponden a personal castrense que no había sido formalizado con anterioridad en el proceso.
La causa principal por la muerte del conscripto Vargas y las graves lesiones físicas sufridas por otros seis uniformados mantiene formalizados a cinco exmiembros del Ejército desde diciembre de 2025: el teniente coronel Claudio Guajardo, el capitán Michael Fritz, el teniente Björn Wohllk, el subteniente Bastián Troncoso y el cabo enfermero Manuel Zambrano. En dicha oportunidad, la jueza Macarena Calas decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Guajardo, Wohllk, Troncoso y Zambrano. El capitán Fritz quedó sujeto originalmente a arresto domiciliario total, cautelar que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Iquique en febrero de 2026 tras acoger un recurso de amparo presentado por su defensa.
Posteriormente, en mayo de 2026, el fiscal del caso, Rodrigo González, procedió a reformalizar a tres de los imputados originales con el propósito de precisar científicamente las fechas de los hechos y las secuelas físicas y psicológicas definitivas de las víctimas sobrevivientes, instancia en la que el tribunal de primera instancia amplió el plazo de indagación en 60 días.
Tratos degradantes en el altiplano
Los antecedentes recopilados por la fiscalía y plasmados en las querellas del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) exponen la severidad de las condiciones que debieron soportar los reclutas en la zona norte. La investigación de los persecutores sitúa el inicio de los abusos el 19 de abril de 2024, cuando el teniente Björn Wohllk ordenó un castigo colectivo contra un grupo de conscriptos bajo el argumento de que no estaban entonando el himno militar con la fuerza requerida. Los jóvenes fueron obligados a arrastrarse “en punta y codo” por el suelo de tierra en un trayecto extenso, lo que provocó que tres de ellos sufrieran crisis de pánico y desmayos.
Posteriormente, el 22 de abril, el contingente fue trasladado hasta el cuartel de Pacollo, instalación que se encontraba en situación de semiabandono. La fiscalía y el CDE describieron condiciones de habitabilidad profundamente insalubres: hacinamiento recíproco, presencia de fecas de roedores en los dormitorios, techumbres y ventanas destruidas con vidrios rotos, y la obligación de lavar los utensilios de cocina con agua estancada y de consumir agua en malas condiciones higiénicas. El libelo del CDE agrega que el teniente Wohllk incurrió en conductas degradantes adicionales, como tomar bandejas limpias de comida, restregarlas contra la tierra del suelo y obligar de esa manera a los conscriptos a alimentarse en utensilios sucios.
Fue en este contexto de deterioro generalizado de la salud física y psicológica de las tropas donde se gestó la marcha fatal del 27 de abril de 2024, desarrollada a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Pese a que el cabo Jorge Alvear alertó formalmente sobre el severo deterioro de Franco Vargas, el enfermero Manuel Zambrano desestimó la advertencia insistiendo en que estaba apto para caminar. Apenas iniciada la marcha, Vargas se desvaneció en reiteradas oportunidades. Ante su estado, el capitán Michael Fritz le ordenó levantarse exigiéndole que “parara su show”. Trece minutos después, ante la gravedad de su condición, se solicitó una evacuación que la fiscalía calificó de deficiente, pues el enfermero acudió en un vehículo sin el equipamiento médico mínimo. Vargas falleció finalmente producto de una miocarditis viral.
Con la nueva arista formalizada este miércoles ante el Juzgado de Garantía de Arica, el Ministerio Público busca cerrar el círculo de responsabilidades penales respecto de la cadena de mando que operó en la campaña de instrucción de Pacollo, persiguiendo las conductas de maltrato físico y psicológico que afectaron de forma permanente a los conscriptos sobrevivientes.
