Tras dar por agotada la indagatoria sobre los delitos económicos, tributarios y de corrupción, la Fiscalía Metropolitana Oriente presentó acusación formal ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago contra seis imputados. Las penas solicitadas por el Ministerio Público van desde los 10 hasta los 20 años de presidio para la cúpula del factoring y los protagonistas de la reunión grabada a fines de 2023.
La Fiscalía Metropolitana Oriente dio un paso decisivo en la tramitación del denominado caso Factop-Audios al cerrar oficialmente la etapa investigativa y presentar su acusación ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. La presentación, elaborada por la Fiscalía de Investigación Especializada bajo la conducción del fiscal Juan Pablo Araya, abarca los hechos que fueron materia de formalizaciones y reformalizaciones desde abril de 2024 y apunta de forma directa contra seis imputados principales. En el escrito judicial, el órgano persecutor solicitó penas que parten en los 10 años y un día y alcanzan los 20 años de privación de libertad, diferenciando entre los ilícitos de carácter patrimonial y los delitos de corrupción funcional.
El desglose para los protagonistas de la reunión de 2023
El requerimiento del Ministerio Público se enfoca con especial severidad en las tres personas que integraron la conversación grabada de forma clandestina a fines de 2023 por Leonarda Villalobos, registro que desencadenó el escándalo al aludir a supuestos pagos a funcionarios públicos para obtener información y frenar fiscalizaciones a Factop.
Para el abogado Luis Hermosilla Osorio, quien actualmente se encuentra sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, la fiscalía solicitó un total de 17 años de presidio —desglosados en 7 años de presidio menor en su grado mínimo y 10 años de reclusión mayor en su grado mínimo— por los delitos de lavado de activos, cohecho, soborno reiterado, tráfico de influencias y delitos tributarios en carácter de reiterado.
En el caso de la abogada María Leonarda Villalobos Mutter, la acusación requirió una pena de 18 años de cárcel (10 años de presidio mayor en su grado mínimo y 8 años de reclusión mayor en su grado mínimo) como autora de estafa, uso malicioso de instrumento privado mercantil, lavado de activos, delitos tributarios y soborno reiterado. En tanto, la pretensión punitiva más alta recayó sobre el cofundador del factoring Factop, Daniel Sauer Adlerstein, para quien se exigió una condena de 20 años de presidio (14 años de presidio mayor en su grado medio y 6 años de reclusión mayor en su grado mínimo) por estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, lavado de activos, soborno, delitos tributarios y faltas a la Ley de Mercado de Valores.
La cúpula de Factop y el catálogo de delitos
La nómina de acusados en esta arista de la causa se completa con otros tres directivos y socios vinculados al esquema financiero de la firma y de la corredora STF Capital. Para Ariel Sauer Adlerstein, cofundador de Factop y hermano de Daniel, el órgano persecutor solicitó 14 años de presidio por estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, delitos tributarios e infracciones a la Ley de Mercado de Valores.
Asimismo, para el exsocio de STF Capital, Luis Patricio Flores Cuevas, la fiscalía requirió 12 años de cárcel por administración desleal y contravenciones a la Ley de Mercado de Valores, mientras que para Antonio Jalaff Sanz, exfundador de Grupo Patio, se pidieron 10 años de presidio por estafa, lavado de activos, delitos tributarios e infracciones bursátiles. El catálogo de figuras penales acusadas por el Ministerio Público incluye además infracciones a la Ley General de Bancos y vulneraciones a los numerales 4 y 5 del artículo 97 del Código Tributario.
Valoración técnica y el escenario hacia el juicio oral
Al analizar el término de esta fase, el exfiscal Carlos Gajardo destacó que la investigación de los delitos económicos y patrimoniales ligados a Factop se desarrolló y agotó de manera correcta por parte del ente persecutor. Respecto de las penas solicitadas, el jurista remarcó que responden a la gravedad de las conductas y que, “en la medida que esos delitos sean efectivamente acreditados, las penas que se están pidiendo pueden ser efectivamente applied por el tribunal”. Gajardo recordó además que sobre Hermosilla persisten otras aristas en tramitación que debieran derivar en nuevas acusaciones.
Tras la radicación del libelo, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago deberá fijar la fecha para la audiencia de preparación del juicio oral. En dicha instancia, los intervinientes debatirán las pruebas que se presentarán ante el tribunal colegiado, las eventuales exclusiones probatorias solicitadas por las defensas y la discusión de eventuales procedimientos abreviados.
