La Fiscalía Metropolitana Centro Norte concretó este martes la presentación de la acusación contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, solicitando penas que en su conjunto suman 28 años de presidio. El documento, que consta de 1.533 páginas, fue ingresado ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por el fiscal regional Francisco Jacir y la persecutora Alicia Hernández, marcando el cierre de una de las indagatorias por corrupción municipal más extensas de los últimos años.
El desglose de las penas requeridas por el ente persecutor se divide en cuatro grandes bloques: 12 años por 29 delitos reiterados de fraude al fisco; 6 años por lavado de activos; 6 años por seis delitos tributarios de declaración maliciosa de impuestos y 4 años por obtención indebida de devolución de impuestos.
Mecanismos de defraudación y perjuicio fiscal
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Torrealba se concertó entre los años 2011 y 2021 con otros cinco colaboradores , incluyendo a los ya condenados Antonia Larraín y Domingo Prieto, para ejecutar acciones tendientes a defraudar a la Municipalidad de Vitacura. La red operaba principalmente a través de las organizaciones comunitarias funcionales denominadas “VITA” y el Consejo Local de Deportes, desviando subvenciones municipales para obtener beneficios económicos personales.
La investigación detalló que la exautoridad utilizó diversos métodos para apropiarse de los recursos, tales como la recepción mensual de sobres con dinero en efectivo entregados por sus colaboradores, con montos que fluctuaban entre los $3 y $5 millones. Según concluye la fiscalía, estos mecanismos de defraudación involucran un perjuicio para las arcas municipales de al menos $766.790.886.
Lavado de activos y arista tributaria
Respecto al cargo de lavado de dinero, la acusación sostiene que el imputado realizó maniobras para integrar y estratificar los fondos ilícitos en el sistema financiero, logrando desvincular progresivamente el dinero de su origen y vulnerando los controles preventivos.
En paralelo, se imputan delitos tributarios por la presentación de declaraciones anuales de impuesto a la renta “maliciosamente incompletas” entre los años comerciales 2016 y 2021. Según el rastreo de sus cuentas bancarias, Torrealba recibió abonos por más de $174 millones provenientes de los ilícitos, causando un perjuicio fiscal adicional que asciende a $72.943.166, cifra actualizada a abril de 2023.
Tras la presentación de esta acusación, el tribunal ya definió los próximos pasos procesales. La audiencia de preparación de juicio oral quedó fijada para el 13 de julio, instancia que se proyecta tendrá una extensión de cuatro jornadas. Una vez finalizada dicha etapa, se determinará la fecha definitiva para el inicio del juicio oral contra el exalcalde, quien actualmente se encuentra sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario parcial.
