Créditos Imagen : Fiscalía de Chile
En Estrado.
El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, y el superintendente de Educación, Cristián O´Ryan, suscribieron hoy un convenio de cooperación para facilitar la detección de hechos que podrían ser constitutivos de delitos en el contexto educacional y, con ello, fortalecer la investigación y persecución penal de eventuales actos de corrupción. En el marco de una ceremonia telemática, ambas autoridades destacaron que el acuerdo permitirá agilizar la colaboración institucional para enfrentar delitos contra la probidad.
En un comunicado publicado en la página web de la Fiscalía de Chile se indica que ambas instituciones “desarrollarán un sistema seguro y expedito para intercambiar información en investigaciones penales que involucren delitos que infrinjan la normativa educacional, de manera de agilizar las respuestas de la Superintendencia a requerimientos del Ministerio Público, como también favorecer su colaboración en peritajes. Por otro lado, en casos que se considere necesario, funcionarios de la Superintendencia podrán integrar equipos investigativos de delitos cometidos en el ámbito escolar, aportando sus conocimientos especializados”.
Agregan que “el convenio prevé, además, la conformación de una instancia de retroalimentación estadística, a través de la cual el Ministerio Público aportará información respecto de causas formalizadas y sentencias definitivas por delitos funcionarios y comunes, en el contexto educacional, -malversación, fraude al Fisco, obtención fraudulenta de subvenciones, delitos sexuales, entre otros. La Superintendencia, en tanto, proporcionará datos sobre reportes de operaciones o conductas sospechosas en la rendición de cuentas, en la atención de denuncias o cualquier otra información de la que disponga sobre el actuar de sus fiscalizados, en el marco de la Ley N° 20.529”.
“Es sumamente importante para la Superintendencia suscribir este convenio, porque permitirá agilizar la labor entre ambas instituciones cuando nos encontremos con casos graves de incumplimiento normativo, especialmente ante conductas sospechosas en la rendición de cuentas por parte de los sostenedores. Los recursos que el Estado entrega a educación tienen un propósito especial, es decir, solo pueden destinarse a los fines para los cuales fueron transferidos y nuestro rol fiscalizador es resguardar la legalidad del uso de esos recursos, que apuntan a mejorar la calidad de la educación”, sostuvo el superintendente Cristián O´Ryan.
El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, afirmó que “enfrentar la corrupción es responsabilidad de todas las instituciones del Estado, por lo que el desafío permanente es la coordinación adecuada, el intercambio de información y el trabajo conjunto para alcanzar, así, una respuesta efectiva y rigurosa ante cualquier hecho que atente contra la probidad. El convenio con la Superintendencia de Educación se inserta en esta línea de trabajo”.
