El foco de los investigadores se centró en las oficinas que ocupó el también exdiputado de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida. Según los antecedentes que maneja el Ministerio Público, Fuenzalida figura en el listado de parlamentarios que contrataron asesorías a través de la empresa SocialTask, firma de propiedad de Lavín León. La fiscalía sospecha que bajo el manto de estas prestaciones se habrían cometido delitos de fraude al fisco, falsificación y tráfico de influencias.
La fiscal Constanza Encina, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, encabezó esta mañana un nuevo operativo de entrada y registro en las dependencias del Congreso Nacional en Valparaíso. La diligencia, ejecutada en conjunto con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, apunta a recabar evidencia en una arista que ha cobrado fuerza en las últimas horas: el presunto acceso y uso ilícito de información del Servel para alimentar una plataforma de bases de datos vinculada al exdiputado Joaquín Lavín León.
El foco de los investigadores se centró en las oficinas que ocupó el también exdiputado de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida. Según los antecedentes que maneja el Ministerio Público, Fuenzalida figura en el listado de parlamentarios que contrataron asesorías a través de la empresa SocialTask, firma de propiedad de Lavín León. La fiscalía sospecha que bajo el manto de estas prestaciones se habrían cometido delitos de fraude al fisco, falsificación y tráfico de influencias.
La arista del Servel es particularmente sensible desde el punto de vista penal, ya que se indaga si información reservada del organismo electoral fue capturada o utilizada de forma irregular para la plataforma de datos del marido de la exalcaldesa Cathy Barriga. Tras seguir la “hebra” de las asesorías contratadas por diversos legisladores, los persecutores detectaron pistas de nuevos eventuales ilícitos cometidos por Fuenzalida en relación con el manejo de estos activos de información.
Cabe recordar que Joaquín Lavín León permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva desde el pasado 8 de mayo, luego de ser formalizado por hechos que habrían ocurrido originalmente entre 2015 y 2016. Esta nueva incursión en la sede del Poder Legislativo —la segunda en el marco de esta causa— busca consolidar la trazabilidad de los fondos públicos y determinar si el acceso a los datos del Servel constituyó una herramienta adicional en el esquema de defraudación que investiga la fiscal Encina.
