Fiscal (s) de la Corte Suprema propone que investigación a militares en el caso del Fondo de Ayuda Mutua del Ejército (FAM) quede en manos de la ministra Rutherford y que la fiscalía sólo indague a civiles

Jul 9, 2021 | Actualidad

Créditos Imagen : Poder Judicial

Andrés López Vergara, En Estrado.

En enero, la ministra en visita Romy Rutherford decidió acoger la competencia parcial, referente a los funcionarios militares involucrados en la investigación del caso por presunto fraude relacionado con el Fondo de Ayuda Mutua del Ejército (FAM). Ese proceso está siendo investigado desde 2018 por la Fiscalía de Coyhaique.

El tribunal de garantía, sin embargo, se declaró competente, por lo que será la Corte Suprema inició un proceso para dirimir la competencia sobre quién en definitiva investigará el presunto ilícito.

El pasado 2 de julio, el fiscal (s) de la Corte Suprema, Jorge Sáez, emitió un informe proponiendo que la fiscalía sólo investigue a los civiles involucrados en el caso y que todas las aristas referentes a los uniformados activos queden en mano de la jueza Rutherford. Esta opinión no es vinculante, dado que el Máximo Tribunal tiene la última palabra.

“Es evidente que en el presente caso se investiga la comisión de delitos reiterados de fraude al Fisco, conforme a la querella interpuesta con fecha 31 de mayo de 2018 por el Consejo de Defensa del Estado, y que los delitos investigados corresponden a un delito común y no propio o exclusivo de la función militar. Ello no está en cuestión en esta contienda. Tampoco está en cuestión que los bienes jurídicos protegidos por los delitos que se investigan no se encuentran relacionados estrictamente con la defensa nacional o la seguridad del Estado o la defensa de la patria, sino con la administración de bienes fiscales. Tampoco se cuestiona que de esta investigación emergen antecedentes para imputar participación a personal militar, en los términos que se definen en el artículo 6° del Código de Justicia Militar, tal como se hace en la querella de 31 de mayo de 2018”, señala el informe.

Agrega que “del análisis de los hechos contenidos en la querella que da inicio al procedimiento judicial es posible concluir que la investigación versa sobre actos en los que habrían tenido participación, en calidad de autores, personal militar, en los términos del artículo 6° del Código de Justicia Militar. Que tales hechos, en cuanto suponen comisiones de servicios y contratos de prestación de servicios que no se cumplieron o ejecutaron, habrían sido realizados en dependencias del Ejército, en las que se administraban recursos fiscales asignados a esta institución. Que las constataciones precedentes llevan a concluir que la investigación de los hechos se encuentra dentro del ámbito de la competencia los tribunales militares, en cuanto involucra la participación que en esos hechos les pudiere corresponder a aquellas personas que se encuentran sometidas a la justicia militar”.

Finalmente resuelve que “este Fiscal Judicial (s) es de opinión que US. Excma. dirima la contienda de competencia declarando que es competente para conocer de la investigación de diversos delitos que involucran a personal de fuero militar el 2° Juzgado Militar con asiento en Santiago, en causa Rol 575-2014, tramitada por la Ministra en Visita Extraordinaria, doña Romy Grace Rutherford Parentti, y el Juzgado de Garantía de Coyhaique debería seguir conociendo de la causa RIT 1356-2018; RUC 1800306783-8, solo en cuanto se refiera a aquellas personas que no reúnan el carácter de militares”.

Sobre esta decisión, el abogado de DD.HH. y denunciante en casos en casos de corrupción que involucran a uniformados, Cristián Cruz, manifestó que “esto da muestras del deterioro al interior del Ejército en el uso y abuso de los dineros que pertenecen a todos los ciudadanos. Es del todo relevante que esta causa sea investigada por la ministra en visita Rutherford porque ha dado muestra de una altísima capacidad investigativa, lo cual tiene como contrapunto una lentitud del Ministerio Público que ha indagado el caso hasta ahora sin ningún avance sustancial”.

“El informe de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema aparece no sólo apegada al derecho, sino también la relevancia de que estará a cargo de un tribunal que efectivamente investiga y no habrá dilación en estos hechos tan graves”, indicó.

Informe causa FAM (1)

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