El jefe regional de la zona Metropolitana Oriente, durante su exposición en la tercera sesión de Conversatorio Judicial, abordó el sistema actual de justicia en un escenario de pandemia, agregando que, a propósito de la crisis sanitaria, existe un interés por parte del Ministerio Público en “poder descongestionar la actividad judicial debido a la acumulación de causas que sufrimos desde marzo a la fecha en el país”.
Por Valentina Ríos Morris, En Estrado
El pasado sábado 15 de agosto, durante su participación como expositor en la tercera sesión del Conversatorio Judicial -espacio de debate impulsado por la jueza de garantía Vania Boutaud- el fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, abordó la saturación que existe en los tribunales de justicia producto de la pandemia y la opción de recurrir a procedimientos abreviados para su descongestión.
Según explicó en la instancia, a propósito de dicha problemática “se está trabajando en una comisión que se formó en el Ministerio de Justicia, para poder extender la aplicación del procedimiento abreviado como regla general hasta con una penalidad de 10 años, que es la propuesta que en su momento circuló. E incluso algunos postulan que esto no debiera tener límite de penas, porque lo esencial es la aceptación del abreviado por parte del imputado que está debidamente asistido por su defensor y que -en definitiva- siempre va a haber un rol jurisdiccional respecto a los presupuestos del procedimiento abreviado por parte del tribunal”.
“Siendo así las cosas es que, como Ministerio Público, somos partidarios de poder extender esto a más y -en principio- la pena es un aspecto que la fiscalía considera que puede ser más alta, ya que esto pasa –esencialmente- por una decisión que en definitiva toma el imputado y su abogado defensor”, detalló el jefe regional.
“Esto tiene varios propósitos, siendo al día de hoy, en pandemia, el poder descongestionar la actividad judicial debido a la acumulación de causas que sufrimos desde marzo a la fecha en el país, lo que nos ha originado un problema serio de congestión al sistema judicial y donde los intervinientes tenemos el deber de cooperar para evitar que esa congestión colapse el sistema”, insistió Guerra.
En la misma línea, agregó que “esto lo digo de forma responsable porque creo que normalmente las discusiones son respecto a la pena misma y eso supone, de parte de las instituciones, un mayor nivel de flexibilidad”.
“Ahí creo que es necesario que el Ministerio Público también haga su autocrítica en el sentido que -muchas veces- planteamos posturas demasiado rígidas que impiden llegar a este tipo de procedimientos y también -a veces- vemos por otro lado, que las defensas buscan estirar esto hasta el máximo posible, siendo que el imputado está privado de libertad”, aseveró al respecto.
“Creo que todos vamos a tener que hacer esfuerzos en este sentido por el nivel de congestión que tenemos a nivel de las cárceles”, mencionando que “si queremos que el procedimiento abreviado se aplique más, también hay que entregar la posibilidad de dar mayor flexibilidad”, profundizó.
Asimismo, Guerra aludió al sistema español en el cual se permite al fiscal ofrecer un cumplimiento, de un tercio de la pena, argumentando que “existe un mayor nivel de flexibilidad”.
“A nosotros nos falta un mayor nivel de flexibilidad normativa que nos permita hacer una aplicación del procedimiento abreviado, lo que tendría varios beneficios. Primero, evitar la argumentación de la prisión preventiva como mecanismo de presión para llegar al procedimiento abreviado. Segundo, evitar que muchos casos lleguen a Juicio Oral y que -en el fondo- las defensas empiecen a postergar la realización de las audiencias de preparación y luego las del juicio, a fin de que se genere un desgaste por parte de los testigos de la Fiscalía y que no cuente con pruebas, para ganar el caso por falta de pruebas, pero con el imputado mientras tanto privado de libertad. Y, en tercer lugar, un elemento de descongestión porque el sistema no soporta una cantidad grande de juicios orales”, dijo.
Por último, apuntó a la necesidad “de llegar a acuerdos institucionales que nos permitan avanzar a fin de no congestionar, y así no hacer colapsar el sistema que es lo que veo con preocupación de cara al desconfinamiento que se nos viene ahora”.
