El persecutor Mario Carrera relata los pormenores de su primer año liderando la sede del Ministerio Público de Arica y Parinacota. Advierte los problemas que ha generado la migración ilegal y, especialmente, los contratiempos que trae consigo la nula comunicación que existe con las autoridades de Venezuela. También asegura: “Si no hay una fiscalía fuerte en la puerta norte del país, eso repercute ineludiblemente en el resto del territorio nacional. La droga que ingresa por Arica no va a Arica”.
Por Felipe Díaz
Para el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, el extremo norte de Chile no es una región más. Es la puerta de entrada al territorio nacional, utilizado en reiteradas ocasiones por bandas de trata de personas o traficantes de droga. Por esto, estima, muchas de las indagatorias criminales que se originan en este sector cuentan con repercusiones que alcanzan escala nacional.
En esta entrevista para En Estrado, Carrera aborda la realidad que hoy se vive en Arica y Parinacota, relata los problemas que ha traído consigo la migración irregular; revela que la nula comunicación con Venezuela está repercutiendo en que extranjeros condenados están siendo liberados; y cuestiona los cambios que la Convención Constitucional pretende aplicar al liderazgo del Ministerio Público.
¿Con qué realidad se encontró al asumir la Fiscalía Regional de Arica?
Llegué hace un año, en plena pandemia. Se realizó una modificación completa de todos los equipos de la fiscalía, se crearon unidades nuevas de especialidad y lo que buscábamos con ello era tratar de abordar de mejor manera la criminalidad existente en la región. Y tuvimos mucho éxito en el primer año, puesto que se transformó -en materia de drogas- en el año con mayor incautación histórica. También, en materia de incautación y comiso de bienes, superamos incluso el presupuesto anual de operación de la fiscalía. Esto ocurrió, básicamente, porque se privilegiaron algunas técnicas investigativas, como por ejemplo los agentes encubiertos que nos da la Ley 20.000. Eso significó hacer una apuesta bien grande, que era dejar operar a ciertas redes, con el objetivo de darles el golpe solo cuando tuviéramos claro todo el organigrama y de quiénes eran las cabezas de estas organizaciones.
Pero era una decisión difícil, porque se permitió entradas de droga que en otras circunstancias hubieran significado decomisos menores, pero importantes. Ahí hay un apuesta fuerte, pero que afortunadamente dio resultados.
¿Cómo se manifiesta el fenómeno criminal en la región?
En materia delictual, tenemos dos aristas. Por un lado, tenemos todo lo relacionado al crimen organizado, que tiene que ver con bandas transnacionales que se dedican a temas como la trata de personas, temas de tráfico, y por otro lado tenemos materias vinculadas a la cotidianidad, en que la presencia del alcohol en la Región de Arica y Parinacota hace que en materia de delitos sexuales, de conducción en estado de ebriedad y violencia intrafamiliar, estemos por sobre los promedios nacionales. Entonces, también se crearon unidades para combatir este tipo de delitos.
¿Cómo los ha afectado el tema de la migración ilegal?
Es un tema que está fuerte. Partió con Arica, pero una vez que Arica realizó un control fronterizo mayor, los distintos grupos de personas subieron por Bolivia y empezaron a ingresar a Colchane. Pero ese flujo, previamente, empezaba su travesía por territorio nacional a través de Arica. Eso nos ha generado fuertes problemas, especialmente en un sector que se denomina Cerro Chuño, que es donde estaban las casas que debían ser destruidas por el tema de los polimetales. Ahí tenemos una toma, de hecho, se alcanzó a destruir un poco y el resto se lo tomaron, por lo que ahí tenemos un foco de delincuencia muy grande y que hemos tenido que enfrentar a través de una intervención con ambas policías. Ha sido bien complejo.
Entonces, lo que ha ocurrido en nuestra región es que mucho de ese flujo, que sigue llegando, se ha asentado ahí. No tenemos la realidad de Iquique, en que este flujo ha llegado a la plazas públicas o las playas. Acá están menos visible, pero no por eso menos presente. Y hemos subido en la gravedad de los delitos. En los homicidios, tenemos exactamente la misma realidad de Tarapacá, con un alza sostenida de las tasas de estos crímenes. Son homicidios en que no solamente los imputados tienden a ser extranjeros, sino que las víctimas también. Y eso se ha reflejado, por ejemplo, en que tenemos copado el Servicio Médico Legal. Es la única región que tenemos copados los frigoríficos en que se guardan los restos. Los están trasladando a Antofagasta, que tiene algunos cupos. Porque no tenemos quien los retire y algunos cuerpos, incluso, no hemos podido individualizarlos con claridad. Porque, desgraciadamente, Venezuela no nos responde de manera fluida, entonces hay cuerpos que no están 100% identificados.
¿Cómo ha sido la coordinación con las autoridades de Venezuela?
Con Venezuela hoy en general, respecto de cualquier tema, la comunicación es nada de fluida y es, prácticamente, nula. Hay muy poca comunicación, tanto es así que, por ejemplo, el gobierno ni siquiera ha podido dar curso a las expulsiones de ciudadanos que han sido condenados, porque no se han podido coordinar gobierno a gobierno. Lo que nos informan de intendencia es que no están aceptando estas expulsiones. Cuando van los abogados de intendencia a tribunales señalan que no tienen coordinación en estos momentos y eso es todo un problema, porque muchos extranjeros que con condena y expulsión pendiente, están empezando a ser liberados por los tribunales a la espera de materializar esa expulsión. Porque ante la respuesta del gobierno, de que no sabe cuándo va a poder hacerlo, el juez no puede tener eternamente a esta persona en la espera de la expulsión.
Eso es un problema gravísimo, porque hay delitos con penas importantes.
¿Es una situación que se da solo con los ciudadanos de Venezuela?
Venezolanos principalmente y colombianos en menor medida. Pero con Colombia sí hay mayor comunicación.
¿Cuál es su balance de cómo hoy se está llevando adelante la persecución penal?
Lo que ocurre es que todo este flujo de migrantes nos ha puesto nuevos desafíos. Por un lado, tenemos serios problemas en la identificación de esas personas y con el futuro seguimiento de lo que pasa con esas personas al interior de nuestro país. Ahí hay un desafío fuerte, en lo que se refiere a la identificación. Hoy, cada persona que tenga contacto con algún servicio público, debería generarse algún tipo de toma de huella o registro, que nos diera cierta claridad respecto de ante qué personas nos encontramos. Esas son decisiones que debe adoptar el gobierno, para ver cómo se materializan. Pero hoy no podemos tener a personas deambulando en el país y que no sepamos quiénes son, ni cuál es su pasado.
Por otra parte, necesitamos más apoyo a nivel de análisis criminal. Nosotros a nivel nacional, como fiscalía, tenemos fiscalías de foco. Esas han mostrado muy buenos resultados, pero están muy disminuidas en número. Entonces, la verdad es que si hoy hay una unidad dentro de la fiscalía que podría proyectarse como una solución en el corto plazo para la problemática, son precisamente estas unidades. Porque tenemos mucho flujo de información que no se está trabajando adecuadamente por falta de medios, pero aún así con los pocos medios que tenemos y gracias a estas unidades, hemos logrado mucho.
¿Cómo ve usted la discusión que se está llevando en la Convención Constitucional respecto al sistema jurídico y el funcionamiento del Ministerio Público?
Hoy lo que está proyectado de la comisión para que ingrese al pleno a votación, en lo referente al Ministerio Público, es complejo. Se están proponiendo ciertos consejos que administren el poder en la cabeza del Ministerio Público, que no van de la mano con las necesidades de respuesta rápida que debe tener una institución como esta.
Esta institución, en todos los países del mundo, tiene una cabeza que es el fiscal nacional. En ningún caso un consejo. Se puede modificar la forma de elección del fiscal nacional, los requisitos que se requieran, pero se necesita una cabeza y que sea fuerte. Si hay un consejo, el temor que tenemos nosotros es que las decisiones se tomen de manera más lento y con el riesgo de filtraciones.
En su región hay un número importante de población indígena. ¿Qué le parece esta propuesta de tribunales indígenas?
Lo que ocurre es que por la forma en que se está planteando, no es la correcta. Lo que corresponde es reconocer cierta forma de resolución de conflictos que tienen determinadas etnias y eso es posible realizarlos. Pero hoy, con la legislación que hay, sí se puede porque Chile firmó convenios al respecto. Pero una justicia paralela, la verdad es que es muy compleja en cuanto su administración, muy compleja en cuando a la certeza jurídica de los ciudadanos y, además, es muy compleja en el sistema presupuestario de costos. Significaría replicar todo lo que existe en el día de hoy. No se ve que sea una buena idea, sin perjuicio de que no es erróneo ni es malo avanzar en conocer formas alternativas de resolución de conflictos de estos pueblos originarios. Esa parte la aplaudo como concepto y lo digo como fiscal de Putre durante siete años, en que hicimos audiencias en los pueblos. Ahí hay una línea fuerte para avanzar. Pero una cosa distinta es hacer una justicia paralela. No tiene mucho sentido.
¿Qué siente que le falta a su fiscalía?
Reconocer la preponderancia de la fiscalía de Arica y Tarapacá. Pero lo hablaré desde mi perspectiva. Nosotros no somos una institución de Arica. Nuestro trabajo repercute a nivel nacional. Si no hay una fiscalía fuerte en la puerta norte del país, eso repercute ineludiblemente en el resto del territorio nacional. La droga que ingresa por Arica no va a Arica. Por lo tanto, eso hay que tenerlo absolutamente claro y cuando se quiere, por ejemplo, poner fiscales de acuerdo a la cantidad de población que hay en un lugar, no hay que perder de vista este tipo de cuestión que es muy relevante. La Fiscalía de Arica cumple funciones que son para todo el país. Desde ese prisma, hay que dotarla de más y mejores recursos para que haga su trabajo, el que es de carácter nacional.
