Ricardo Riesco Eyzaguirre dictó el viernes una clase magistral en la U. Finis Terrae. Explicó que están buscando formas de “prevenir que operaciones que normalmente hubieran entrado al sistema, se nos queden fuera producto de la baja de las ventas por la pandemia”.
Andrés López Vergara, En Estrado.
“El estallido social nos demuestra que la competencia en los mercados es tan importante que cuando no existe, cuando nos damos cuenta de su ausencia, cuando verificamos que se ha vulnerado, ello hace que la ciudadanía se sienta abusada, lo que puede ser una de las causas que genere una crisis política, económica y social que incluso pueda poner en riesgo nuestra democracia”.
Esa fue una de las reflexiones que el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco Eyzaguirre, realizó al inicio de la clase magistral que realizó el viernes en la U. Finis Terrae para inaugurar el Diplomado en Nuevas Tendencias de Libre Competencia, que imparte la Facultad de Derecho de esta casa de estudios.
Fue precisamente un análisis de los tres grandes casos de colusión que involucraron a algunos de los grupos económicos más importantes del país y que afectaron a productos de primera necesidad –cadenas de farmacias en 2008, productores de pollos en 2011 y papel higiénico en 2015–, el principal tema con que abrió su exposición.
Al respecto, junto con destacar los “importantes cambios normativos” que estos hechos gatillaron, además de su gran impacto mediático y ciudadano, Riesco adelantó que un estudio académico reciente –que aún no ha sido publicado– muestra que “en Chile el apoyo a las penas de cárcel para la colusión es entre dos a tres veces mayor que el apoyo que esta misma medida punitiva tiene en países como Estados Unidos o Inglaterra”.
Desafíos
Explicó que aunque la delación compensada es una herramienta que “está funcionando con fuerza”, actualmente la fiscalía se encuentra “revisitando” su formulario de solicitud, la petición formal de sus beneficios y la guía publicada en marzo de 2017, para “incentivarla aún más”. En materia de operaciones de concentración, el Fiscal Nacional destacó el trabajo que actualmente desarrollan en relación con el reglamento de notificación y en establecer un mejor mecanismo de pre-notificación que busca hacer del proceso uno “aún más colaborativo”.
Al respecto, el Fiscal Nacional Económico advirtió que la FNE “no relajará el fondo, no podemos hacerlo, especialmente cuando se invoque la excepción de empresa en crisis, porque un escenario transitorio como es la pandemia no puede alterar en forma permanente la estructura de los mercados (…) En términos muy simples: no bastará con invocar una crisis producto del COVID-19 para que la fiscalía sin más apruebe una fusión que potencialmente tenga efectos anticompetitivos”.
Consultado sobre los umbrales de ventas conjuntas para las fusiones y adquisiciones, específicamente en relación al documento de la OCDE sobre killer acquisitions que menciona la importancia de revisar dichos umbrales a la baja para poder detectar este tipo de adquisiciones –umbrales que por el contrario fueron ajustados al alza en Chile–, el Fiscal Nacional Económico señaló que “efectivamente estamos pensando en revisar si corresponde adecuar los umbrales actualmente” pero que esta decisión no surge a raíz de las killer acquisitions sino que producto de la actual crisis sanitaria y económica.
“Producto de la crisis de la pandemia, uno podría suponer que las ventas de las compañías en nuestro país se han reducido sustancialmente. Lo que buscamos prevenir es que operaciones que normalmente hubieran entrado al sistema –que son aquellas que buscamos detectar y que ingresen justamente porque tienen una mayor potencialidad de afectación de los mercados– se nos queden fuera del sistema producto de la baja de las ventas por la pandemia. Esa es la razón por la cual estamos buscando ajustar efectivamente los umbrales y es algo que estaremos viendo de aquí a fin de año”, explicó.
Finalmente, ante la pregunta de si sería conveniente consagrar constitucionalmente a la FNE y a la libre competencia, el Fiscal Nacional Económico señaló que “si una consagración constitucional de la fiscalía sirve para reforzar su principio de independencia y sobre todo eventualmente pudiera reforzar para dotarla de autonomía presupuestaria, creo que sería una buena noticia, no indispensable pero una buena notica. Y serviría también para consagrar a nivel constitucional de manera explícita los principios que inspiran la libre competencia”.
