A días de la audiencia clave en el Cuarto Juzgado de Garantía, el fiscal de Alta Complejidad amplió los cargos contra los once imputados, incluyendo al ex presidente de Azul Azul, Michael Clark, y al ex controlador de la AGF, Pedro Pablo Larraín. La movida judicial eleva la prognosis de pena y pavimenta el camino para que los querellantes soliciten la prisión preventiva bajo el nuevo estándar de la Ley de Delitos Económicos.
El Caso Sartor entró en su fase de mayor presión judicial antes de la audiencia de formalización programada para este 30 de julio. El fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Juan Pablo Araya, decidió dar un golpe de timón en la estrategia del Ministerio Público al enviar un nuevo oficio al tribunal para ampliar los cargos que originalmente pesaban sobre los once imputados de la causa.
Si bien la indagatoria contemplaba inicialmente los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa, el persecutor resolvió sumar dos nuevas y graves acusaciones: fraude a la omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) y lavado de activos.
El detalle de la ampliación
La decisión de Araya no es azarosa y apunta directamente a operaciones específicas detectadas durante la etapa de investigación. El delito de fraude por omisión de OPA tiene una fecha clave: el 13 de diciembre de 2024. Según el escrito de la Fiscalía, este ilícito se habría configurado en la compraventa del 90% de las cuotas del fondo Tactical Sport realizada por Michael Clark, quien en ese entonces presidía la concesionaria Azul Azul.
Para los querellantes, como el abogado Alejandro Laura —representante de accionistas minoritarios de la “U”—, la movida del fiscal valida la tesis de que Clark debió adquirir dichas acciones mediante una oferta pública reglada, tal como había advertido previamente la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Respecto al lavado de activos, el Ministerio Público fijó el inicio de los hechos en octubre de 2022. En ambos casos, las imputaciones se realizarán en calidad de autor y en grado de consumado, con precisiones técnicas que el fiscal Araya reservará para el desarrollo de la audiencia respectiva.
El escenario para los imputados
La lista de formalizados que enfrentará los nuevos cargos de la Fiscalía está encabezada por Pedro Pablo Larraín Mery, ex controlador y ex presidente de Sartor, quien ya prestó declaración ante el ente persecutor entre junio y julio. Junto a él, comparecerán su hermano Carlos Larraín y ex directores de la AGF como Alfredo Harz, Óscar Ebel, Juan Carlos Jorquera, Mauro Valdés y el propio Michael Clark, además de ex ejecutivos de Emprender Capital.
El peso de la ampliación de cargos se traduce en un escenario de cumplimiento efectivo. Según el abogado querellante César Ramos, la sumatoria de ilícitos apunta a una “pena concreta de crimen”, lo que hace esperable la solicitud de medidas cautelares de alta intensidad. Ramos advirtió que la nueva Ley de Delitos Económicos (2023) es un factor determinante, ya que establece agravantes como el de la jerarquía, dificultando que los imputados eviten la cárcel.
La presión de los querellantes
La ampliación de cargos por parte de Juan Pablo Araya ha alineado a las distintas representaciones de las víctimas tras la prisión preventiva. La abogada Susana Borzutzky, querellante de víctimas de ECapital, fue tajante al señalar que quienes ponen en jaque la confianza del mercado deben enfrentar la cautelar más gravosa, acusando que imputados como Larraín y Baranda no han mostrado “voluntad de reparar el daño”.
Por su parte, Matías Balmaceda, representante de la gestora Ameris (designada como liquidadora por la CMF), destacó que esta audiencia permitirá ver por primera vez “con claridad la gravedad de los hechos investigados”. Balmaceda coincidió en que, dada la cercanía con la toma de decisiones y la falta de colaboración en algunos casos, la prisión preventiva resulta una medida “razonable y proporcional” bajo la nueva categoría de delitos económicos que se estrenará en esta instancia judicial.
