El debate en torno al proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades sumó una arista técnica relevante tras el pronunciamiento del Fiscal Nacional, Ángel Valencia. Para el jefe del ente persecutor, la propuesta del Gobierno no solo es atendible desde una perspectiva de seguridad, sino que representa una oportunidad para abordar un problema estructural del país: el escaso apego a las normas básicas de convivencia.
Valencia fue enfático al señalar que “tenemos un problema con el respeto a la legalidad en Chile, con el valorar la legalidad”. Bajo ese diagnóstico, valoró el espíritu de la norma, argumentando que es necesario establecer mecanismos que generen consecuencias reales frente a las faltas que suelen quedar en la impunidad. Según explicó el fiscal, “lo que me parece es que tiene que haber normas que incentiven y desincentiven también pequeñas conductas, pequeñas faltas”.
La tesis de las “ventanas rotas” y el foco económico
El respaldo de Valencia a la iniciativa se sustenta en una visión criminológica clásica. Al ser consultado por la severidad de las sanciones —como la pérdida de la gratuidad o la PGU—, el persecutor recordó la teoría de las ventanas rotas, subrayando que “las pequeñas infracciones, las pequeñas incivilidades, también conducen a grandes delitos”. En ese sentido, consideró fundamental “restablecer una cultura de cumplimiento de la ley” para evitar que la degradación del espacio público escale hacia hechos de mayor violencia.
Sin embargo, el Fiscal Nacional introdujo un matiz que busca equilibrar el impacto de la medida y evitar un sesgo exclusivamente centrado en la vulnerabilidad social. Valencia planteó que, para que el registro sea íntegro, “uno esperaría también que ese registro incluyese a las personas que han cometido quizás delitos económicos o delitos de otra naturaleza”. Esta propuesta apunta a que la sanción de perder beneficios estatales no se agote en el vandalismo callejero, sino que alcance también a quienes defraudan al sistema desde posiciones de poder.
El test de la protección de datos
A pesar de su visto bueno general, el líder del Ministerio Público puso una luz de alerta sobre el diseño técnico del registro. Advirtió que, para que la ley sea viable y no sea revertida por organismos internacionales o tribunales superiores, debe “ser compatible con las normas internacionales en materia de protección de datos personales”.
Desde el Gobierno han salido a blindar la legalidad de la propuesta, descartando que se trate de una medida arbitraria. El ministro de la Segegob, José García Ruminot, fue enfático en señalar que la sanción “no puede ser arbitraria, debe estar respaldado en la ley” y que el debido proceso será resguardado, ya que el castigo adicional será “determinado por los tribunales”. Para el secretario de Estado, la lógica detrás del registro es de coherencia institucional, sentenciando que “no pueden recibir beneficios del Estado quienes atenten contra el Estado”.
Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió la “proporcionalidad” del sistema, explicando que la pérdida de subsidios o pensiones no es perpetua, sino que “va en directa relación con la permanencia o no en el registro”, la cual oscilaría entre uno y cinco años dependiendo de la gravedad del hecho.
El dilema del “sesgo de clase” en la sanción
Un punto crítico del debate judicial es el impacto diferenciado que tendría la norma según la realidad económica del sancionado. Lautaro Carmona puso el dedo en la llaga al señalar un posible sesgo de clase, advirtiendo que la sanción solo es efectiva para quienes dependen de la red de protección estatal. Según explicó, se genera una distorsión donde “una cosa es el que necesita un recurso de política social del Estado y el otro, que puede hacer exactamente el mismo rayado e alteración, pero que no lo necesita”, quedando este último, en la práctica, fuera del alcance del castigo principal.
Esta mirada es contrastada por el oficialismo. El diputado Eduardo Cretton (UDI) defendió el “debate de fondo” sobre el financiamiento de derechos sociales a quienes atentan contra la comunidad. Asimismo, el subsecretario Pavez descartó que exista una estigmatización hacia sectores vulnerables, asegurando que, por el contrario, “es la gente de clase media, de barrios populares, los que no pueden hacer frente a la incivilidad” y al deterioro de su entorno. Con este escenario, el proyecto inicia su tramitación bajo la lupa de expertos que exigen que la norma cumpla estrictamente con la “regulación de protección de datos personales” y los principios de igualdad ante la ley.
