El 4º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago comunicó este miércoles la sentencia absolutoria definitiva a favor del excarabinero Claudio Crespo, quien enfrentaba cargos como presunto autor de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra de Gustavo Gatica. La resolución, que ratifica el veredicto entregado previamente, estableció que el Ministerio Público y las partes querellantes no deberán realizar el pago de las costas del juicio, al considerar que existieron motivos plausibles para litigar.
Tras la lectura de la sentencia, la fiscal Ximena Chong señaló que el organismo iniciará un análisis pormenorizado del documento para determinar la viabilidad de un recurso de nulidad. Según la persecutora, la decisión de acudir a la Corte Suprema o a la Corte de Apelaciones dependerá de la detección de eventuales vicios o causales legales en el razonamiento del tribunal, advirtiendo que no se pueden derivar conclusiones definitivas únicamente de la lectura resumida del fallo. “Necesitamos hacer una revisión exhaustiva del contenido completo del fallo para evaluar la interposición de recursos”, enfatizó Chong.
Por su parte, la defensa de Crespo, representada por el abogado Pedro Orthusteguy, manifestó su satisfacción por lo que calificó como un resultado “3-0 contundente”, aunque lamentó la decisión del tribunal respecto a las costas, que impide al absuelto recuperar los gastos económicos del proceso. Orthusteguy hizo un llamado público al fiscal nacional, Ángel Valencia, y al nuevo fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, para que desistan de nuevas acciones judiciales. Según el jurista, el caso representa un “triste episodio de error de persecución” contra funcionarios que cumplieron funciones institucionales durante el estallido social.
En su argumentación final, la defensa sugirió que el Ministerio Público debería “reformular su criterio de persecución penal” en causas similares, buscando evitar la extensión de procesos que, a su juicio, carecen de sustento tras la etapa de juicio oral. Con la comunicación de esta sentencia, comienzan a correr los plazos legales para que las partes interpongan los recursos que estimen convenientes ante los tribunales superiores, en un caso que ha marcado la pauta de la agenda judicial vinculada a los hechos de 2019.
