Expuso ante la Corte Interamericana de DD.HH: Defensor Nacional (s) pide una ley de ejecución penal que garantice los derechos de las personas condenadas con una perspectiva de género

Abr 20, 2021 | Actualidad

Andrés López Vergara, En Estrado.

En una audiencia pública, el Defensor Nacional (s), Marco Montero entregó las observaciones institucionales ante la Corte Interamericana de DD.HH. sobre la situación de las personas privadas de libertad en Chile. En la ocasión, hizo especial hincapié en el objetivo permanente de la institución de entregar una defensa penal especializada.

Las audiencias públicas, iniciadas ayer, se dan en el marco de la solicitud de opinión consultiva sobre enfoques diferenciados en la población de los privados de libertad, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte IDH, para lo cual esta entidad pidió sus observaciones a distintos organismos latinoamericanos, directamente vinculados con esta área.

Lo anterior, con el objetivo de contar con una interpretación conjunta de varias normas interamericanas, acerca de las obligaciones sobre los privados de libertad, con la finalidad de enfrentar la desigualdad existente en distintos grupos en situación de riesgo, como lo son mujeres embarazadas, en período de posparto, y lactantes; personas LGTB; indígenas; adultos mayores; y niños y niñas que viven con sus madres en prisión.

Al comenzar su intervención, según un comunicado de la Defensoría Penal Pública, Marco Montero dijo que esta petición es “una oportunidad histórica en el marco del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, para que la Corte IDH desarrolle los estándares que los Estados deben adoptar, en el marco de las obligaciones generales de respeto y garantía de estos grupos en especial situación de vulnerabilidad, con criterios de igualdad y no discriminación”.

“No obstante, pese al esfuerzo de la institución, debo señalar que a nivel local subsisten deficiencias que requieren de nuestra atención y respuesta. Creemos que el enfoque diferenciado que la Defensoría realiza hoy, se traduce en un servicio de defensa especializado en determinados grupos, considerados vulnerables, como lo son: niñas, niños y adolescentes; personas privadas de libertad; indígenas; migrantes; personas con discapacidad mental y/o psicosocial. Todo, siempre con perspectiva de género.

Explicó que Chile cuenta con un sistema de ejecución de penas, que carece de un ordenamiento sistemático y de jueces de ejecución, que garanticen el ejercicio de los derechos de las personas condenadas. Hoy, la regulación descansa en un reglamento de establecimientos penitenciarios que no entrega una normativa detallada sobre el tratamiento para ciertos grupos como la comunidad LGTB, los adultos mayores, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad.

“Así, la Defensoría Penal Pública ha buscado satisfacer esta brecha a través de una  defensa técnica que sea consistente con estas necesidades especiales que permitan llevar llevar adelante una estrategia jurídica que considere los impactos que el sistema penal genera en ellas”, dijo Marco Montero.

Precisó que hay un enfoque diferenciado de la institución, en cada uno de los grupos que hoy reciben una defensa especializada, entregando ejemplos concretos para cada uno de ellos.

Desafíos

En sus observaciones a la Corte IDH, el Defensor Nacional (s) destacó que se hace necesaria una ley de ejecución penal que garantice los derechos de las personas condenadas, con una perspectiva de género, y que se haga cargo de los efectos desproporcionados de la privación de libertad de los grupos consultados y otros que también son prioritarios.

También dijo que es necesario contar con tribunales de ejecución de penas y con recursos judiciales idóneos para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad; así como el fortalecimiento de las defensorías públicas que representan a estos individuos, garantizando su autonomía.

Junto con proponer que se avance en las líneas de defensas especializadas, Marco Montero planteó la implementación de un registro, denuncia y monitoreo de situaciones de violencia institucional carcelaria, que permita prevenir y resguardar los derechos de las personas privadas de libertad, y satisfaga de forma oportuna su acceso a la justicia.

Cabe destacar que esta es la primera vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita una opinión consultiva sobre la situación de las personas privadas de libertad.

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