La institución uniformada aplicó la sanción de baja inmediata contra un funcionario que abrió y comió una bolsa de snacks hallada en el automóvil donde murió el menor de 12 años en San Bernardo. Si bien el hecho no fue calificado como un delito de robo, la jefatura remitió los antecedentes a la Fiscalía Militar por una infracción grave al Código de Ética.
La trágica muerte de un el niño de 12 años que falleció tras ser arrastrado durante una encerrona en San Bernardo el pasado 24 de junio, sumó un inesperado capítulo administrativo que terminó con la carrera de un funcionario de Carabineros. La institución confirmó la desvinculación de un uniformado que, en medio de las diligencias de resguardo del vehículo familiar, incurrió en una conducta que vulneró los estándares de probidad interna.
De acuerdo con los antecedentes institucionales, el vehículo involucrado en el crimen fue trasladado inicialmente a la 14ª Comisaría de San Bernardo para la realización de peritajes. Sin embargo, por falta de espacio, el automóvil fue derivado a otra dependencia policial para quedar bajo custodia, a la espera de ser retirado por la familia del menor. Fue en este contexto que, durante un procedimiento habitual de inventario y cambio de turno, un funcionario detectó una bolsa de suflé en el maletero del vehículo, la cual tomó y consumió.
El peso de la ética institucional
El actuar del policía fue detectado y confirmado de manera nítida tras la revisión de las cámaras de seguridad de la unidad policial. Ante la evidencia, el mando institucional resolvió su baja inmediata por infringir el Código de Ética, argumentando que este tipo de conductas lesionan la confianza de la ciudadanía y el correcto actuar que se espera de un servidor público.
En el análisis jurídico del hecho, Carabineros fue explícito en señalar que la acción “no fue calificada como un robo ni un hurto”. No obstante, la gravedad de la falta administrativa motivó que, además de la expulsión, se instruyera un sumario interno y se presentara una denuncia ante la Fiscalía Militar.
Resguardo de la probidad
Mediante un comunicado, la policía uniformada reiteró su compromiso con “la legalidad, la transparencia y el correcto actuar”, subrayando que mantienen una política de control interno permanente para evitar que este tipo de episodios queden impunes. La institución optó por no entregar mayores detalles personales del exfuncionario para no entorpecer las investigaciones en curso.
Este hito administrativo se produce en paralelo a la causa penal principal por la muerte de Alejandro Águila, proceso que ya cuenta con varios imputados formalizados por el asalto que conmocionó al país. Con esta medida, Carabineros busca marcar una línea divisoria estricta frente a cualquier comportamiento que empañe el trabajo investigativo en casos de alta sensibilidad social.
