Expertos realizan debate en torno a nueva Ley de Delitos Informáticos (21.459), en seminario denominado: “Persecución de la Delincuencia Informática”

Jun 20, 2022 | Actualidad

Instancia fue organizada por la Universidad Andrés Bello y el Círculo Telemático de Estudios de Derecho Penal.

La actividad organizada de manera conjunta por la Universidad Andrés Bello y el Círculo Telemático de Estudios de Derecho Penal, llamó a reflexionar en torno a la nueva ley de delitos informáticos, aludiendo a las problemáticas que existen actualmente en cuanto a su investigación y sanción, desafíos de la nueva tipificación de estos ilícitos, así como la conveniencia de abordar el fenómeno de la criminalidad informática a través de medidas preventivas.

El 8 de junio se presentó el seminario “Persecución de la Delincuencia Informática”, a cargo de la sede Viña del Mar de la Universidad Andrés Bello, a través de las Áreas de Derecho Procesal y de Derecho Penal. Esta instancia permitió revisar tres temas cruciales en materia de delitos informáticos en Chile: cuestiones sustantivas de la nueva ley Nº 21.459, cuestiones procesales del estado actual y futuras técnicas de investigación de la nueva ley, y las medidas preventivas en la protección de datos informáticos.

Las presentaciones estuvieron a cargo de la Dra. Laura Mayer Lux. Profesora de Derecho Penal, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Vicepresidenta del Instituto de Ciencias Penales; el Mg. Roberto Contreras Puelles, Director Ejecutivo del Círculo Telemático de Derecho Penal, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central y Abogado Asesor en el Ministerio Público de Chile; y el Mg. Rodrigo Reyes Barrientos, profesor de Derecho Procesal de Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello y Abogado Asesor de la Convención Constitucional.

PROYECTO VS LEY VIGENTE

Durante su presentación, la académica Laura Meyer Lux destacó la modernización que trae la ley que incorpora nuevos tipos penales en materia de criminalidad informática, dado que la actual normativa “no aborda suficientemente la delincuencia informática”, lo que se suma a la “falta la tipificación de los comportamientos”.

En cuanto a las deficiencias destacó la falta de cooperación internacional y de coordinación entre Estados, entendiéndose que estos delitos se dan a través de redes internacionales que, aprovechando estas falencias, trabajan coordinadamente para llevar a cabo este tipo de delitos.

Asimismo, comentó que existen “dificultades para determinar la figura por utilizar de los mismos verbos rectores” y explicó que en la nueva redacción, el fraude informático se presenta como un espejo de las estafas, dando responsabilidad en la autoría a todos los participantes, incluidos quienes faciliten los medios para cometer el delito.

Por su parte, el académico Roberto Contreras Puelles, Director Ejecutivo del Círculo Telemático de Estudios de Derecho Penal, presentó algunos casos destacados en cuanto a las pesquisas de carácter investigativo, con el uso de agentes encubiertos, rastreo de IP mediante el uso de códigos insertados en archivos, especialmente en casos de fenómenos informáticos y de pornografía infantil, y replicables a modo de ejemplo en la pesquisa de criptomonedas para estos ilícitos, y tratamiento con fines investigativos de las redes sociales, en particular «para determinar la trazabilidad de los delitos informáticos y sus autores».

Todo lo anterior dijo: «debe producirse en un marco complejo, dada la protección de datos y la confidencialidad de la información, como también en el carácter transfronterizo de los mismos.»

En tanto, el profesor Rodrigo Reyes Barrientos, abordó la protección de datos sensibles, dado que estos “revelan hábitos, gustos, contenidos”. En ese marcó explicó que “la ley nueva no define el tratamiento informático, da una definición muy amplia transformándola en un elemento interpretativo”.

La actividad contó con alumnos y alumnas, egresados y académicos de la Universidad Andrés Bello, integrantes académicos y académicas de varios países del Círculo Telemático de Estudios de Derecho Penal e Instituto de Ciencias Penales de Chile, así como autoridades de diferentes estamentos del Estado, y abogados especializados en la materia, dentro del ámbito público como privado.

| LO MAS LEIDO