Expertos, magistrados y fiscales analizan el aumento del cibercrimen en tiempos de pandemia en una nueva edición de Conversatorio Judicial

May 7, 2021 | Actualidad

En Estrado

“Es un tema que ha tenido una especial relevancia en este tiempo, se ha incrementado absolutamente con la pandemia atendido el uso de nuevas tecnologías”. Así, la directora de Conversatorio Judicial, la jueza de garantía Vania Boutaud, dio inicio al seminario virtual en que se analizaron los factores que inciden en el alza de los ciberdelitos en este contexto de crisis sanitaria.

En la actividad denominada “Cibercrimen en tiempos de pandemia: incremento, modalidades y perspectivas”, expuso Jaime Retamal, fiscal de la unidad especializada de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte; el abogado especialista en Derecho Penal Económico, Juan Carlos Manríquez; el jefe nacional de Delitos Económicos de la PDI, Jaime Ansieta; y Alberto Varona, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona. La magistrada Boutaud estuvo a cargo de la moderación de la actividad.

Durante su intervención, Alberto Varona explicó que es la ciberdelincuencia y el doble concepto de los delitos informáticos. Explicó que los delitos informáticos tienen un doble concepto, es decir, por un lado los que tienen por objeto los equipos informáticos y por otro, aquellos que se realizan a través de internet. Agregó que si bien en España no existe ninguna definición legal; si existe un Convenio de Investigación de la Comjib y ahí existe una definición internacional, ya que es necesario armonizar las legislaciones, considerando que la ciberdelincuencia es un delito que cruza fronteras. Manifestó que “se ha demostrado que los virus y ciberdelitos no tienen frontera. En una época de sufrimiento y necesidad, los delincuentes han hecho de las suyas y se ha producido un aumento de la ciberdelincuencia, han bajado los delitos contra el patrimonio (los clásicos hurto, robo) a raíz del confinamiento, pero, sin embargo, las estafas por medio de internet tienen un incremento sustancial”.

En tanto, el fiscal Centro Norte Jaime Retamal indicó que es relevante el fenómeno de la cibercriminalidad, por cuanto tienen un impacto en las descripciones típicas y en las necesidades investigativas, “el fenómeno que enfrentamos de las tecnologías de la información, nos deja un pie forzado hacia las descripciones típicas y hacia las técnicas de investigación. El uso de internet, redes sociales, en general el fenómeno, ha generado un cambio radical en la forma que nos relacionamos. Esto genera una serie de riesgos, de posibilidades de uso indebido, como el sabotaje informático, el hacking, ataques de denegación de servicio en relación con una plataforma de una entidad pública que fue intervenida que impidió que realizara sus funciones, el ransomware”.

Agregó que para estos delitos es fundamental la cooperación internacional y destacó que es necesario que se regule expresamente, que se apruebe una exención de responsabilidad penal para el caso de “hacking ético” en el sentido de que  en determinadas circunstancias se pueda acceder a sistemas informáticos para detectar las fallas y las debilidades de los sistemas. También apuntó a que se deben reforzar las políticas públicas en materia de ciberseguridad, ya que existe un interés colectivo.

Jaime Ansieta, manifestó que es muy difícil encontrar soluciones integrales para estos delitos y que hoy no les es exigido a prestadores entregar información. “El problema que tenemos para investigar, es que existen muchos espacios y en el proceso no estamos conversando, por ejemplo, en materia de transparencia, ésta es extremadamente buena, pero el exceso de transparencia deja muchas puertas abiertas, y el exceso de información también es malo”,

Por su parte, Juan Carlos Manríquez, planteó varios puntos sobre el marco criminológico de este tipo de ilícitos. Como primer punto abordó un marco económico de los ciberdelitos, lo segundo es levantar una cuestión victimo lógica y victimo dogmática y lo tercero es ver el plano normativo de la Ley 19.223, una cuestión de política criminal. Relevante para él es el principio de ejecución en este tipo de delitos.

“Los delitos cibernéticos no deben ser entendidos como delincuencia tradicional de contenido patrimonial, sino que estos delitos son delitos económicos, aquellos que atentan contra el orden económico (…). Estos no son cometidos por cualquiera, a vista y paciencia de todos, sino que están ocultos y tienen ‘alias’, y esa es la a-espacialidad de internet que favorece a esta ciberdelincuencia muy sofisticada, con víctimas especiales que encuentran en la Net”. A juicio de Manríquez, resulta relevante el fallo Carpenter v/s Estados Unidos.

La fiscal Macarena Cañas, por su parte y continuando con la intervención del Ministerio Público, destacó las cuatro posturas que confluyeron en el Conversatorio Judicial, manifestando que a partir de la Convención de Budapest, la comunicación ha sido muy rápida, y se han dado situaciones donde la capacidad de las naciones permiten que la utilización de estos instrumentos internacionales se agilicen diligencias.

“Es muy importante, la necesidad de que el juez esté en conocimiento de estos elementos, porque lo más probable es que se va a enfrentar a una llamada telefónica de origen internacional, con pocos antecedentes y que no tiene una penalidad muy alta”. Este medio de comisión de delitos es opaco, altamente sofisticado, de gran conocimiento de tecnología, con evidencia próxima a desaparecer, es muy rápido, por lo que ha sido necesario el aseguramiento de la evidencia.

Dentro de las preocupaciones que se manifestaron por parte de la magistrado Boutaud está la débil legislación con que se cuenta en materia de delitos informáticos, la gran cantidad de archivos en este tipo de causas atendido la falta de vinculación de la víctima a estos, siendo muy difícil que en este tipo de causas que se llegue a juicio oral.

Reviva las intervenciones de los expertos acá.

 

 

 

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