La Novena Sala del tribunal de alzada debió rectificar de oficio una sentencia ejecutiva tras descubrirse que en las primeras páginas del documento se pegaron las instrucciones dadas a un chatbot. Junto con ordenar la eliminación de los textos ajenos a la causa, la magistratura exigió un informe urgente al relator suplente a cargo para evaluar eventuales sanciones disciplinarias.
Un inédito descuido procesal y tecnológico sacudió el trabajo diario de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que quedara expuesto en el expediente digital el uso de inteligencia artificial para la redacción de una resolución judicial. La situación quedó al descubierto en el marco de la causa caratulada “MITARAKIS/CORREA (LTE)”, correspondiente a un juicio ejecutivo iniciado por una empresa del rubro agrícola para el cobro de una deuda pendiente.
El conflicto judicial original se originó por el incumplimiento en el pago de un pagaré suscrito en agosto de 2021 por un monto de US$54.573,18, con fecha de vencimiento fijada para el 30 de marzo de 2022 y un interés pactado de 1,1% mensual. Ante el no pago de la obligación, la firma acreedora recurrió a los tribunales para exigir la restitución del capital, más intereses y costas. Tras una resolución del Undécimo Juzgado Civil de Santiago dictada el 16 de agosto de 2024 en la causa C-2571-2023, la parte afectada interpuso un recurso de apelación para revertir lo resuelto en primera instancia.
El trámite en el tribunal de alzada capitalino avanzó hasta la Novena Sala, integrada por la ministra Jenny Book, el ministro suplente Christian Carvajal y la abogada integrante Francisca Amigo, tribunal que resolvió confirmar lo dictaminado por el juzgado civil. Sin embargo, al revisar la documentación oficial ingresada al sistema el 6 de octubre de 2026, los intervinientes detectaron que en los encabezados del escrito se habían filtrado las instrucciones literales dirigidas a un generador de texto.
El texto que apareció pegado en las primeras páginas del fallo correspondía a un prompt de programación estándar: “Eres un juez de la Corte de Apelaciones que debe redactar la parte considerativa de la sentencia [rechazando/acogiendo] el recurso. Dicha sentencia debe ser redactada siguiendo estas instrucciones”. El error en la confección del borrador habría sido cometido por el relator suplente Felipe Larraín al momento de procesar la cuenta de la causa.
Al tomar conocimiento de la anomalía, la Novena Sala dictó una nueva resolución durante la tarde de este miércoles para sanear el expediente oficial. En la dictaminación de rectificación, la magistratura dispuso la extracción inmediata del contenido ajeno, consignando formalmente: “Advirtiendo esta Corte que en esta causa se encuentra agregado un antecedente que no corresponde a estos autos, elimínese desde donde dice ‘Complementa el archivo… hasta N° Amparo ● -202● ‘”. En paralelo, la sala le requirió al relator suplente la entrega de un informe explicativo en un plazo de 24 horas para establecer las responsabilidades administrativas del caso y evaluar eventuales medidas disciplinarias.
El episodio en los tribunales capitalinos dejó en evidencia la falta de una normativa interna en el Poder Judicial respecto al uso de herramientas generativas en la función jurisdiccional. Si bien el Colegio de Abogados elaboró una guía con recomendaciones para el ejercicio profesional, la Judicatura carece de una regulación propia. Por su parte, la Academia Judicial ha promovido cautela frente a estas plataformas, remarcando que “la IA no es un sustituto del razonamiento jurídico experto, de la decisión humana o de la asistencia letrada especializada”.
