Estudio Carey paga $620 millones a su exsocio Claudio Lizana y cierra dos años de arbitraje

Nov 17, 2026 | Actualidad

A través de una transferencia bancaria efectuada tras la  decisión tomada  por el árbitro Ricardo Escobar, la firma de abogados concluyó el litigio privado por la “compensación razonable” pactada para la salida de un integrante. Pese al fin de la arista contractual, la contienda jurídica se desplaza ahora al 6° Juzgado Civil de Santiago, donde el jurista demanda $1.100 millones acusando una salida irregular y perjuicios a su reputación profesional.

Mediante una transferencia bancaria efectuada a la cuenta personal del abogado Claudio Lizana, el estudio jurídico Carey  dio cumplimiento definitivo al laudo arbitral que puso término al litigio privado que mantenía con su exintegrante desde 2023. La resolución del juzgamiento, tramitado al amparo del pacto de accionistas del bufete, puso fin a una controversia que inició formalmente el 1 de julio de 2024 y que culminó el pasado 25 de septiembre.

El procedimiento arbitral estuvo radicado en sus inicios ante el abogado Ricardo Peña, para ser asumido posteriormente por el exdirector del Servicio de Impuestos Internos y socio de ESYF Abogados, Ricardo Escobar, quien había sido designado preventivamente en el pacto social para dirimir eventuales diferencias entre socios de la firma. En la instancia procesal, Carey contó con la representación legal de los socios Aldo Molinari y Ricardo Reveco, mientras que Claudio Lizana actuó patrocinado por el abogado Ciro Colombara.

El ajuste por la cartera de clientes

La pretensión económica inicial, según informó La Tercera, interpuesta por Lizana ascendía a 179.262 UF (equivalentes a cerca de $7.340 millones), suma desglosada en 146.897 UF por indemnización de perjuicios y 32.365 UF por concepto de daño moral. Sin embargo, la resolución arbitral desestimó la pretensión por daño moral al constatar la falta de acreditación de los perjuicios alegados.

En su lugar, el árbitro acogió únicamente el rubro de la “compensación razonable” estipulada en las cláusulas de retiro del estatuto social. Para fijar el monto definitivo, la magistratura privada aplicó una deducción sobre la liquidación base atendiendo a que Lizana traspasó a su nueva oficina a clientes que atendía en su antiguo bufete, entre los que figuran las firmas Brinks y Mastercard.

Con dicho descuento, la suma convenida se estableció en 13.884 UF ($574 millones), valor que con la incorporación de reajustes e intereses devengados alcanzó un pago final de $620 millones. El monto definitivo superó la propuesta inicial de poco más de $500 millones que el estudio ofreció antes de la desvinculación formal. El fallo no impuso condena en costas y dispuso la obligación estricta de guardar reserva sobre el contenido del dictamen.

La causa pendiente en el 6° Juzgado Civil

A pesar del cierre de la vía arbitral, la contienda procesal entre el jurista y la firma se mantiene activa en la justicia ordinaria. Ante el 6° Juzgado Civil de Santiago, Lizana dedujo una demanda de responsabilidad extracontractual exigiendo una indemnización de $1.100 millones por concepto de daño moral y menoscabo a su imagen profesional.

El libelo civil fija el origen del conflicto en la reunión del 6 de octubre de 2022, oportunidad en que el socio administrador de la firma, Jaime Carey, le notificó su salida del bufete. Según se expone en la presentación procesal del demandante, “esta exclusión forzada se efectuó no solo de manera brutal ni decoro, sino que, en abierta infracción al procedimiento de exclusión establecido expresamente en el pacto de socios, que exige para la exclusión de un socio con más de 3 años de antigüedad: el voto favorable de a lo menos el 80% del total de socios y; que la exclusión hubiere sido propuesta por el Comité Ejecutivo o socios que representen al menos el 30% del total de socios”.

En el mismo escrito presentado ante la sede civil se enfatiza que “ninguna de estas formalidades fue cumplida al momento de la exclusión de nuestro representado, toda vez que, tal como reconoció Jaime Carey en la reunión sostenida el 6 de octubre de 2022, la decisión solo fue acordada con los socios más seniors, sin que se haya llevado a cabo una votación formal por el resto de los socios”. Actualmente, el expediente civil se encuentra en etapa de prueba, a la espera de la recepción de peritajes encomendados por el tribunal antes de dictar sentencia de primera instancia.

Este conflicto involucra al mayor estudio jurídico del país, que opera desde seis pisos en la Torre Titanium de Santiago con una dotación de 600 profesionales y 44 socios. La firma, fundada en 1905 en Antofagasta por Francisco Carey, registró como antecedente judicial previo la demanda laboral por “discriminación de género” entablada por la abogada María José Martabit, proceso que concluyó mediante un acuerdo entre las partes en marzo de 2022.

 

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