El Presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo que propone elevar el resguardo de la población a un rango fundamental en el artículo 1º de la Carta Magna. La iniciativa contempla herramientas judiciales inéditas como regímenes carcelarios diferenciados y un registro nacional de agrupaciones terroristas para enfrentar una crisis que el Mandatario calificó como de “larga data”.
En una ceremonia realizada en el Patio de Las Camelias del Palacio de La Moneda, el Ejecutivo dio un paso decisivo en su estrategia normativa al firmar el proyecto de reforma constitucional que sustenta la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, conocida como ACOT. La propuesta legislativa pretende introducir modificaciones estructurales para dotar al Estado de facultades más robustas frente a fenómenos delictivos transnacionales, instando al Congreso Nacional a tramitar la iniciativa con una “urgencia total” y bajo un debate que prime la “altura de miras” por sobre las diferencias políticas.
El corazón jurídico de esta reforma radica en la modificación de las bases de la institucionalidad. Según explicó el Mandatario, aunque la seguridad ya figura en el texto constitucional, el objetivo es consagrarla expresamente en el artículo 1º como un deber primordial del Estado. Al respecto, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, precisó que al ubicar este concepto junto a valores como la dignidad y la familia, “la seguridad deja de ser una función administrativa más” para transformarse en un imperativo constitucional de primer orden.
Dentro de las innovaciones procesales y judiciales que contempla el proyecto, destaca la creación de un Registro Nacional de Organizaciones Criminales y Terroristas. Esta herramienta permitirá que el solo hecho de pertenecer a una agrupación identificada por el Estado bajo estos parámetros se configure como un delito penal, buscando que quienes ingresen a estas estructuras “tengan claro que cambió la mano y que las sanciones serán distintas”. En sintonía con este endurecimiento, la reforma propone regímenes penitenciarios diferenciados, diseñados específicamente para que los líderes de estas bandas no puedan coordinar operaciones desde los recintos penales, argumentando que restringir solo las telecomunicaciones es insuficiente si se mantienen otros canales de articulación.
En el ámbito del control territorial, la propuesta introduce un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública. Esta figura jurídica permitiría actuar con la fuerza del Estado de forma focalizada en zonas donde el crimen organizado desafía el control policial, posibilitando una colaboración eventual de las Fuerzas Armadas bajo funciones de apoyo estrictamente reguladas. El ministro Arrau defendió esta medida señalando que los estados de excepción vigentes “fueron pensados para guerras, desastres y desórdenes públicos”, pero ninguno fue diseñado con la especificidad necesaria para recuperar un barrio tomado por la delincuencia.
La ofensiva legal también apunta directamente al patrimonio de las organizaciones ilícitas. La reforma busca facilitar la incautación y liquidación de bienes provenientes del narcotráfico y el terrorismo, bajo la premisa de que “no existe combate al crimen organizado que funcione si al criminal se le quita la libertad, pero se le deja intacto el dinero”. Esta arista financiera es considerada clave por el Gobierno para desarticular la capacidad operativa de las bandas a largo plazo.
Durante su alocución, el Presidente Kast contextualizó estas medidas dentro de “una de las mayores crisis de seguridad de la historia reciente en Chile”, aclarando que este fenómeno excede la gestión de una sola administración y que su origen es de “larga data”. Asimismo, el Mandatario reconoció el rol que desempeñará el Ministerio Público en la modernización de la legislación y agradeció el aporte de distintas mociones parlamentarias que sirvieron de insumo para el proyecto final. Al concluir, hizo un llamado a todas las corrientes políticas a anteponer la seguridad de las familias chilenas, subrayando que “esta reforma no le pertenece a un gobierno” sino que es una respuesta a una necesidad nacional urgente.
