Por Agustín Walker Martínez. Abogado. Diplomado de Derecho Penal de la Universidad de Talca.
¿Está desatada la delincuencia en Chile? Con ese titular comenzaba la edición del día 11/01/2022 del Diario Las Últimas Noticias. Esto, a partir del tweet del periodista Javier Olivares, quien publicó “Si decide visitar Chile en familia, vaya preparado”, acompañando una foto de una familia en que cada miembro portaba armas de fuego, y agregando “país de delincuencia desatada, narcotráfico, menudeo, sicariato, ingobernabilidad y políticos ineptos”. Esto no sólo no es efectivo, sino que su consolidación como discurso público acarrea importantes riesgos.
Descartar lo anterior es sencillo: las cifras del índice de Paz Ciudadana publicado a fines de 2021 evidencian un alza leve en los índices de victimización en delitos contra la propiedad, pero manteniéndose aún por debajo de los índices de años anteriores, en una tendencia relativamente estable de los últimos 20 años. Por su parte, cifras de la PDI muestran que existió una importante alza en la cantidad de homicidios durante el 2020, pero que luego se relativizó en 2021. Una tendencia similar experimentaron los delitos vinculados al porte y uso de armas, con un aumento en el año 2020, pero una posterior estabilización en 2021. Así, si bien es cierto que ha existido una tendencia oscilante en los últimos años, las cifras delictuales no se encuentran desatadas, y es una irresponsabilidad mayúscula que un medio de comunicación de a entender esto.
Más allá de esto, y de dichas fluctuaciones y relativa estabilidad, es indiscutible que la delincuencia es un problema que se percibe como tal por la inmensa mayoría de los/as chilenos/as. Sin embargo, la historia reciente nos ha demostrado que dicha constatación envuelve un inmenso riesgo en sus consecuencias políticas y legislativas. Y es que la delincuencia es un fenómeno complejo y multifactorial, pero al que usualmente se responde de manera simplista y reactiva. El riesgo de una nueva ola de temor a una delincuencia supuestamente desatada es persistir y profundizar las respuestas simplistas. Optar por ese camino puede generar una rentabilidad política en el corto plazo, pero profundiza el interminable ciclo de temor y castigo, que tanto daño nos ha hecho.
Afortunadamente, esa no es la única vía posible. La alternativa es apostar por una política de Estado consistente y estable en materia de delincuencia, que opere de manera seria y en base a la evidencia, que se haga cargo de la delincuencia en Chile, sin sobredimensiones ni reducciones. Esta vía exige abandonar los atajos o caminos cortos, e instalar una hoja de ruta y una instancia técnico-política permanente, que ejecute modificaciones legales orgánicas y progresivas, y cambios en la gestión institucional (por ejemplo, en las investigaciones policiales, en la institucionalidad penitenciaria y/o en la fiscalización de las armas). Adoptar esta vía obliga a dejar de lado las respuestas reactivas y puramente punitivas, y poner la atención en la disminución de la delincuencia y la inseguridad, en el corto, mediano y largo plazo, fortaleciendo la prevención temprana de la delincuencia, la atención en sus causas estructurales, y la diversificación de las respuestas punitivas respecto de muchos delitos en que la privación de libertad actúa como un acelerante de reincidencia, impidiendo toda posibilidad de inserción. Sobre esto ya existe mucha evidencia en Chile y a nivel comparado.
Un nuevo gobierno que comienza su labor en medio de un proceso constituyente y con un nuevo proyecto de Código Penal en incipiente discusión, tiene un buen escenario para apostar por esta segunda alternativa, alejarse del simplismo, y comenzar un camino que será impopular y complejo, pero que es indispensable para avanzar hacia una disminución de los índices delictuales, y del inmenso temor ciudadano, con seriedad y realismo.
