¿Es débil la autoridad del fiscal nacional que se está definiendo en la Convención Constitucional? Por Jorge Vitar C.

Abr 28, 2022 | Opinión

Jorge Vitar C.

Abogado, Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal

En teoría de sistemas, se le denomina caja negra a un elemento respecto del cual no se sabe a ciencia cierta cómo funciona, pues lo importante es que cumpla la función de interactuar con el medio que lo rodea, o sea, con el resto del sistema. Su valor radica en que sea capaz de procesar las distintas entradas y de entregar salidas o respuestas con tanta frecuencia como se requiera. 

Algo de esa lógica de la caja negra se puede encontrar en la idea detrás del diseño del Ministerio Público chileno forjado a fines del siglo pasado y que hasta hoy se mantiene intacto. A partir de un modelo extremadamente jerárquico y piramidal (asimilable a la fisonomía del poder judicial que el órgano constituyente ha resuelto cambiar por completo) se puso a la cabeza de la organización al fiscal nacional dotándolo de plenos poderes. En efecto, define las políticas de persecución penal y dicta los criterios de actuación que deben ser seguidos a nivel nacional (una función propiamente normativa), es el encargado de ejecutar y hacer cumplir esa normativa (en su rol de director y de ejecutor de las políticas que él mismo define) y –en un ejemplo  paradigmático de la concentración de funciones en una sola autoridad–, tiene a su cargo las facultades disciplinarias y correccionales respecto de las normas que él mismo ha dictado y que él mismo se encarga de hacer cumplir (rol jurisdiccional). O sea, el fiscal nacional posee un poder total. 

El resultado de esa configuración originaria ha sido el de una institución que, si bien recibe una multiplicidad de casos día a día, es capaz de procesarlos y de entregar salidas y respuestas con tanta frecuencia como se requiere, se encuentra profundamente deslegitimada y es objeto de innumerables cuestionamientos. Es urgente introducir profundos cambios al modo en que funciona la caja.

La Comisión de Sistemas de Justicia ha estado mayoritariamente de acuerdo en diseñar un nuevo Ministerio Público. Lo hace planteando una redistribución del poder al interior de la agencia estatal de persecución penal, de forma tal que los y las fiscales estén en condiciones de investigar y acusar a quienes aparezcan como responsables por la comisión de delitos sin injerencias ni presiones indebidas. 

Como el poder al interior de la institución lo ejerce en toda su intensidad el fiscal nacional, es evidente que su figura requiere una reformulación. La Comisión de Sistemas de Justicia, en su informe de reemplazo correspondiente al tercer bloque temático, propone un fiscal nacional que conserve importantes atribuciones en los tres ámbitos más relevantes del esquema organizacional. Como integrante del Comité interno del Ministerio Público, tendrá facultades para “fijar la política de persecución penal y los criterios de actuación para el cumplimiento de dichos objetivos” (Artículo 10 del informe de reemplazo); en su calidad de integrante del Consejo Superior del Ministerio Público, intervendrá en la dirección del organismo conjuntamente con dicha instancia, cuyas sesiones por lo demás va a presidir (Artículo 9 del informe); y como miembro del Consejo podrá ejercer, entre varias otras funciones, la de evaluar y calificar el desempeño de quienes trabajan en el Ministerio Público y ejercer la potestad disciplinaria respecto de ellos (Artículo 8). Además, asumirá la representación de la institución ante los demás órganos del Estado. ¿Alguien podría sostener razonablemente que la constituyente está diseñando un fiscal nacional débil, sin facultades reales y que quedará como una figura meramente decorativa? 

Pese a las importantes atribuciones que se le confían al fiscal nacional en la nueva estructura de poder, quienes hicieran sonar las trompetas del apocalipsis frente a su posible eliminación, ahora insisten en que las facultades que se le otorgan son insuficientes. Lo que realmente buscan es que se mantenga intacta la figura del fiscal nacional y que el Ministerio Público siga funcionando como una caja negra.

¿Cómo es que no pueden ver con claridad que la propuesta aprobada mantiene un fiscal nacional fuerte dentro del Ministerio Público? Lo que puede estar ocurriendo es que la Comisión de Sistemas de Justicia ha logrado alumbrar la caja y al parecer los interesados en que se mantenga oscura han quedado cegados por el impacto de la luz. Lo bueno es que afortunadamente se trata de una ceguera natural y pasajera, por lo que podemos estar confiados en que dentro de poco tiempo, y tal como nosotros, podrán encontrar el verdadero sentido a los cambios que se proponen.-

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