Un estudio sobre Imagen y Posicionamiento encargado por la Defensoría Penal Pública, concluyó -además- que el 76% de la ciudadanía está de acuerdo con que la Defensoría Penal Pública debe ser autónoma, al igual que las otras instituciones que componen el sistema de justicia penal.
En Estrado
A 20 años de la implementación de la Reforma Procesal Penal, un 68% de los chilenos dice conocer poco o nada los derechos que le asisten en el actual sistema de justicia. En este desconocimiento, las personas de entre 18 y 34 años aparecen como quienes dicen conocer menos sus garantías fundamentales (74%), junto a quienes provienen de los estratos socioeconómicos más bajos (71%) y de las regiones del sur de Chile (73%).
Así lo dio a conocer un estudio sobre Imagen y Posicionamiento de la Defensoría Penal Pública 2020 y realizada por la empresa CADEM, que además abordó la importancia que tendrán los derechos humanos con una nueva Constitución, concluyendo que 2 de cada 3 chilenos creen que éstos serán muy relevantes, superando por lejos la percepción respecto de otros hitos recientes, como el estallido social (65%) y la pandemia (59%).
En este mismo tema, un 56% de la ciudadanía cree que la situación del sistema de justicia mejorará con una nueva Constitución, percepción especialmente alta entre las personas de entre 18 y 34 años; de estratos sociales medios altos y que viven en regiones del norte del país.
Respecto a las garantías de las personas en el sistema penal, donde los consultados dicen que “ha oído hablar” o “conoce”, un 92% de los chilenos dice reconocer el derecho a contar con un abogado si es acusado de cometer un delito; el 72% de las personas reconoce el derecho a no sufrir malos tratos o torturas y un 66% ha escuchado el derecho a la presunción de inocencia.
Así lo concluye el estudio de opinión pública “Imagen y Posicionamiento de la Defensoría Penal Pública” encargado por la institución a la empresa CADEM y que se desarrolló entre el 27 de noviembre y el 11 de diciembre de 2020. La encuesta incluye 1220 entrevistas realizadas a personas de todo el país y tiene un rango estadístico de 2,8%.
Autonomía
Al igual que en estudios anteriores de Imagen y Posicionamiento realizados por la Defensoría Penal Pública, la percepción de la ciudadanía respecto de la autonomía institucional también estuvo presente esta ocasión.
Al ser consultados si están de acuerdo con que la Defensoría Penal Pública sea autónoma, al igual que las otras instituciones del sistema de justicia penal, un 76% de los chilenos dijo apoyar esta moción.
Los índices más altos de respaldo a la autonomía institucional, se concentró en el grupo de personas mayores de 55 años (81%); mayoritariamente hombres (78%); y radicados en las regiones del norte del país (82%).
Al comparar por nivel socioeconómico de los consultados, las respuestas favorables a la autonomía fueron especialmente altas entre las clases más acomodadas y media con porcentajes de aprobación cercanos al 80%.
DD.HH. y Educación
El estudio tuvo por objetivo principal identificar el conocimiento y la percepción que tiene la ciudadanía sobre los derechos humanos en el ámbito penal.
En este sentido, sólo un 35% de la ciudadanía cree que el sistema penal chileno respeta y garantiza los derechos humanos de las personas; percepción especialmente mayor entre las personas de estratos socioeconómicos altos (46%).
Al ser preguntados por las instancias penales en las que perciben un mayor respeto por las garantías de las personas, un 47% responde “durante el juicio”. Al otro extremo de la tabla, hay sólo un 20% que cree que este respeto existe “al interior de las cárceles” y un 31% “al estar detenido en un recinto policial”.
La educación de los chilenos en el ámbito de los derechos humanos fue otro de los ejes centrales del estudio. Es así como se puede concluir que si bien hay un 58% de los consultados que dice conocer los derechos humanos; estas mismas personas perciben que sólo un 41% del resto de la ciudadanía es capaz de reconocerlos.
Los pueblos originarios (27%), las minorías sexuales (28%), los adultos mayores (32%) y las mujeres (35%) son percibidos por los encuestados, como los grupos a los que menos se les garantizan los derechos humanos. Al otro extremo, los hombres (52%) y los migrantes y extranjeros (39%) aparecen como quienes son más respetados en sus garantías fundamentales.
Al ser consultados respecto del nivel de acuerdo con distintas aseveraciones en este tema; un 81% cree que hoy las personas conocen más sus derechos que hace 10 años; un 56% piensa que los derechos no se respetan porque no se conocen; y un 49% de la ciudadanía percibe que la información y educación que hay sobre el tema “es deficiente”.
Derechos y cárcel
El sondeo también ahonda en la situación de las personas privadas de libertad, preguntando a la ciudadanía respecto de la percepción que tienen sobre la vida que llevan estas personas en los recintos carcelarios.
En este contexto, un 75% de los chilenos cree que en las cárceles hay hacinamiento. Un 53% de las personas creen que los internos cuentan con agua potable. Sólo un 34% piensa que los privados de libertad tienen una cama y reciben una alimentación adecuada; y un 28% cree que existen tratamientos médicos para los internos con adicciones de droga y/o alcohol.
Enfrentados a posibles derechos que deberían tener las personas privadas de libertad, un 88% de los chilenos estima que tienen derecho a recibir atención médica; un 84% piensa que el Estado debe ayudarlos en su reinserción laboral, una vez cumplida la condena; y un 81% de la ciudadanía cree que los detenidos en cuarteles policiales tienen derecho a contar con un abogado defensor.
En el caso de las mujeres, privadas de libertad, embarazadas o con hijos menores de dos años un 57% cree que deberían cumplir su condena en sus hogares; y el 49% apoya la idea del indulto para una persona que está condenada y con una enfermedad grave o terminal.
Falencias
El estudio elaborado por CADEM también se detuvo a revisar los aspectos que el ciudadano percibe como las “mayores falencias” en el actual sistema de justicia penal. Frente a un listado de aseveraciones señaladas por la empresa encuestadora, un 52% de la ciudadanía está de acuerdo con que los juicios y condenas dependen del nivel socioeconómico o el origen de la persona; y un 45% opina que las penas y las condenas son muy bajas.
Respecto de la primera aseveración, las personas de entre 18 y 34 años (61%), y de grupos socioeconómicos alto (59%) y medio alto (63%) son las que más la apoyan. En el caso de las bajas condenas, este aspecto fue rotulado como “falencia”, especialmente por las mujeres (49%), las personas de 55 o más años (50%) y de las clases más altas (50%) y también las menos acomodadas de la sociedad (49%).
