A poco más de un mes de asumir el interinato de los registros de Propiedad e Interdicciones, el conservador de Hipotecas removió a los principales ejecutivos de la administración anterior para instalar personal de su confianza. La reestructuración se ejecuta en medio de la controversia con el exconservador Luis Maldonado sobre la validez del reemplazo estipulado en el Código Orgánico de Tribunales.
A poco más de un mes de asumir la conducción interina de los otros dos oficios que integran el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS), el titular del Registro de Hipotecas y Gravámenes, Carlos Miranda, comenzó a concretar sus primeras decisiones operativas para tomar el control de la repartición.
Entre las medidas iniciales, según consigna La Tercera, destaca la desvinculación de los ejecutivos a cargo de la gestión operativa, contable y de administración de recursos en los registros vacantes. Específicamente, Miranda dispuso la salida de Sergio González, quien se desempeñaba como gerente del Registro de Propiedad durante la administración de Luis Maldonado. A dicha remoción se sumó la desvinculación de Silvia Figueroa, gerenta del Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar, además de la no renovación de contrato de la funcionaria administrativa Paula Farías.
La determinación se sustentó en que ambos cargos ejecutivos ejercen funciones de confianza, que no tenían por parte de la nueva administración González y Figueroa, por lo que el conservador optará por nombrar a colaboradores cercanos para encabezar dichas áreas.
Resistencia interna
Las remociones ocurren en un clima de tensión interna en las dependencias de Morandé 440. Según fuentes al interior del organismo, Miranda ha debido enfrentar resistencia por parte de funcionarios, especialmente en el oficio de Propiedad que Maldonado encabezó por casi 30 años, repartición que concentra el mayor número de trabajadores e incluye a familiares directos del exconservador que gozaban de beneficios y modalidades especiales de trabajo.
La tensión entre las partes escaló al fuero penal luego de que Miranda ingresara una denuncia ante el Ministerio Público tras recibir cartas con amenazas en su domicilio particular, acciones que, a su juicio, buscaban coartar las decisiones operativas que debía adoptar en su rol interino.
El criterio del Código Orgánico de Tribunales
El avance de las decisiones de Miranda se da en paralelo al contrapunto sostenido con el exconservador Luis Maldonado respecto de la legitimidad de la sucesión en el organismo. Maldonado ha planteado abiertamente que Miranda no debería sucederlo en el cargo, argumentando que un titular no se encuentra facultado para ejercer un interinato simultáneo en las otras reparticiones.
Sin embargo, la postura procesal del exconservador contraviene el marco legal vigente. El artículo 449 del Código Orgánico de Tribunales (COT) fija una norma especial para la jurisdicción de Santiago, estableciendo expresamente que “si faltare o se inhabilitare alguno para el ejercicio de sus funciones, será reemplazado por los otros conservadores conforme al orden de su antigüedad”.
En virtud de dicha disposición legal, al ser el conservador titular de mayor antigüedad en la institución, Miranda asumió el interinato de los dos registros vacantes desde el pasado 2 de octubre. Cabe recordar que la vacancia en el Registro de Propiedad y Comercio se produjo tras la entrada en vigencia de la reforma notarial que cesó a Maldonado por cumplir el límite legal de 75 años, mientras que el Registro de Interdicciones quedó acéfalo tras la renuncia previa de Kamel Saquel por razones de salud.
Pese a los roces internos y la controversia sobre la sucesión, el servicio ha mantenido su funcionamiento regular. Recientemente, el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Norambuena, realizó una visita inspectiva a la sede de Morandé 440, constatando en terreno la operación normal del registro público.
