En el contexto de un juicio civil, como medida precautoria, se dispuso la retención de $100.000.000 del patrimonio de la demandada.
Tras transcurrir un periodo determinado, la demandada presenta una solicitud principal buscando el alzamiento de la medida cautelar, argumentando que los presupuestos que justificaron su imposición ya no están presentes. No obstante, de manera subsidiaria, solicita que, en caso de no prosperar la petición principal, la retención sea reducida a $30.000.000 o a una suma menor fijada por el juez, siempre y cuando sea inferior a los $100.000.000 originales.
El tribunal, luego de analizar exhaustivamente la situación, desestima la solicitud principal de alzamiento, pero acoge parcialmente la petición subsidiaria, estableciendo que la retención de dinero se reducirá a $45.000.000.
Ante esta decisión, la demandada interpone un recurso de reposición en lo principal, reiterando su insistencia en el alzamiento, y un recurso de apelación en forma subsidiaria, insistiendo en la rebaja, en los mismos términos de la solicitud original.
En nuestra opinión, en este caso no se percibe un perjuicio para la demandada debido a la resolución del tribunal.
Sin embargo, la demandante, hábilmente en respuesta a la apelación, se adhiere a la solicitud de la demandada, solicitando que la retención de dinero sea aumentada a $70.000.000, amparándose en sus derechos y en la posibilidad que la ley y la petición de la demandada le otorgan.
Este desarrollo de los acontecimientos destaca la importancia de que los abogados evalúen minuciosamente las posibles consecuencias de las solicitudes que presentan en un juicio. En ocasiones, pueden encontrarse sorprendidos por la reacción de la contraparte o del tribunal, lo que podría dar lugar a un escenario no deseado para sus intereses.
Es fundamental realizar un estudio serio del derecho procesal y considerar todas las opciones antes de presentar cualquier petición, con el fin de evitar posibles perjuicios para sus propios clientes.
La estrategia y la anticipación son elementos clave en la práctica legal, y no atender a estas consideraciones podría llevar a consecuencias adversas.
En conclusión, en el caso que hemos expuesto, no se observa un perjuicio para la apelante a raíz de la decisión del tribunal. S
Sin embargo, la situación nos recuerda que los abogados deben ser conscientes de los escenarios que pueden abrirse, incluso en perjuicio de sus propias pretensiones, y para ello, el estudio riguroso del derecho procesal se convierte en una vía indispensable. Solo así podrán tomar decisiones fundamentadas y maximizar las posibilidades de obtener un resultado favorable para sus clientes.
