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Andrés López Vergara, En Estrado.
La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dio cuenta del proceso de retención del 10% de los fondos previsionales por conceptos de deudas de alimentos, informando que en total se cautelaron casi $308 mil millones.
Entre el 25 de julio y el 31 de agosto pasado, se recibieron un total de 516.777 escritos de retención de fondos, lo que equivale al 1.828% de un año normal, en el mismo período de tiempo, decretando un total de 326.000 medidas cautelares, con un universo de 236.800 posibles deudores.
“Lo obrado por el Poder Judicial constituye una hazaña, pues, la mayor parte de las solicitudes se recibió en los primeros días de entrada en vigencia de la ley”, dijo Chevesich.
Respecto del congelamiento “de los fondos de demandantes o de personas que no tienen causas de alimentos”, se trató de 15.000 casos ya solucionados, lo que representa un 5% del total general.
La ministra explicó que los escasos días incluidos en la reforma “puso una presión extraordinaria al sistema de tramitación en los juzgados de familia, encargados de dar curso a las solicitudes de retención”.
De las 326.000 causas que tienen medida cautelar vigente, 217.000 (67%) tienen montos retenidos; en 87.000 (27%) no se han presentado solicitudes de retiro; en 13 mil causas (4%) no se alcanzó a retener y en 8.800 (3%), los deudores no tenían fondos en sus cuentas previsionales.
La ministra Chevesich desglosó el 4% que no se alcanzó a retener, explicando que: “6.800 solicitudes fueron presentadas por las partes demandantes a partir del sábado 8 de agosto en adelante; es decir, cerca del vencimiento de los días hábiles que las AFP tenían para pagar, y como es de público conocimiento, varias comenzaron a pagar apenas iniciado dicho plazo; 5.600 son causas en que el pago a los afiliados se efectuó antes del martes 11 de agosto, que corresponde al octavo día hábil contado desde que entró en vigencia la ley, y 600 son causas en que el tribunal notificó a las AFP dos o más días antes del pago al afiliado, y este igual se verificó”.
“Lamentablemente, los legisladores no consideraron el efecto que la reforma constitucional generaría en el Poder Judicial; esto es, el explosivo aumento de solicitudes que debía tramitar, para lo que, además, debía establecer comunicaciones expeditas con las otras instituciones involucradas, para, así, dar una respuesta oportuna y eficaz a todos los interesados en el proceso. Aun así, nuestra función se cumplió exitosamente. Estamos satisfechos y tranquilos de lo que se realizó”, aseguró.
Agregó que “por supuesto lamentamos profundamente los errores que se produjeron, dado el volumen de las solicitudes y, como dije, seguimos trabajando para superarlos con la premura que amerita cada caso. La reforma constitucional no previó los problemas que se generaron, y la ley N° 21.254 que se dictó para atenuarlos se publicó en el Diario Oficial el 14 de agosto, pero, a dicha data, las AFP ya habían efectuado el pago de la mayor parte de los fondos previsionales solicitados retirar por los respectivos afiliados. Entonces, llegó tarde para hacer frente a la problemática”.
Para culminar, la vocera del Máximo Tribunal reiteró que “la solución al incumplimiento de las pensiones de alimentos y la cultura de no respetar los derechos de los NNA sobrepasa con creces las funciones propias del Poder Judicial, por lo que hacemos un llamado a que todos los agentes estatales con competencias en estas materias se aboquen a proponer avances y correcciones, y estamos absolutamente disponibles para, desde nuestra experiencia, contribuir en todas las instancias para estos efectos”.
VOCERIA MARTES 8 SEP FINAL
