La Sociedad de Servicios de Alimentación (Soser S.A.) decidió contraatacar judicialmente al director nacional del organismo, Fernando Peña, tras ser acusada de recibir pagos por raciones no entregadas. La empresa sostiene que los hechos denunciados por la autoridad ya fueron investigados y sobreseídos definitivamente en 2023, acusando una “persecución reputacional”.
La pugna entre uno de los principales proveedores de raciones escolares y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) llegó a los tribunales de garantía. La Sociedad de Servicios de Alimentación (Soser S.A.) interpuso este martes una querella criminal en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago contra el director nacional del servicio, Fernando Peña, imputándole los delitos de denuncia calumniosa y prevaricación administrativa.
El origen del enfrentamiento se remonta a fines de mayo de 2026, cuando Peña presentó una denuncia ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades que habrían permitido a Soser el cobro de $14 mil millones por raciones alimenticias que supuestamente no llegaron a los estudiantes. Sin embargo, la empresa asegura que el director actuó de forma maliciosa, “a sabiendas de que estos hechos idénticos ya fueron sometidos a una investigación por parte del Ministerio Público, en un procedimiento que culminó con la dictación del sobreseimiento definitivo del caso” por no existir delitos.
El origen de los pagos y el factor pandemia
La defensa de Soser —empresa que provee cerca de 130 millones de raciones al año, equivalentes al 18% del Programa de Alimentación Escolar (PAE)— argumenta que los montos cuestionados corresponden a la ejecución de contratos adjudicados en 2020 para la región de O’Higgins. En ese contexto, marcado por la crisis sanitaria del Covid-19, la Junaeb introdujo modificaciones para asegurar la estabilidad del sistema.
Entre los ajustes realizados, la estatal permitió cambiar raciones por canastas de provisiones y aumentó del 40% al 60% el componente fijo del pago para proteger la empleabilidad de las manipuladoras de alimentos. Según el escrito de la querellante, en 2022 se realizó una revisión de todos los proveedores para restablecer el equilibrio económico y fortalecer la continuidad del servicio, lo que significó un incremento porcentual para todas las operadoras con contratos vigentes, y no una situación particular de Soser.
Cuestionamientos a la probidad administrativa
En la querella, Soser lanza duras críticas a la conducción de Fernando Peña, señalando que resulta preocupante que quien encabeza la alimentación de los estudiantes no oriente sus esfuerzos a la calidad del servicio. El documento afirma que el director “ha privilegiado la persecución reputacional de una sociedad que ha demostrado históricamente su compromiso con el servicio público”, lo que a juicio de la empresa es incompatible con los deberes de probidad y objetividad de un funcionario público.
Por su parte, el director de Junaeb manifestó estar tranquilo frente a la acción judicial y descartó cualquier intento de amedrentamiento. “Nada nos va a inhibir ni nos va a intimidar, y esto en aras de cumplirle a las personas y, sobre todo, a la fe pública para investigar eventuales delitos”, sostuvo Peña, confirmando que la institución mantiene un flujo constante de información tanto con la Fiscalía como con la Contraloría General de la República.
Con este paso judicial, la disputa por los fondos del Programa de Alimentación Escolar entra en una fase de definiciones penales donde se deberá dilucidar si la denuncia de la autoridad fue un ejercicio legítimo de fiscalización o si efectivamente se incurrió en una imputación calumniosa.
