Empresa de buses demanda a Codelco por $79 mil millones: La estatal niega los cargos y acusa negligencia

Ago 10, 2026 | Actualidad

Tándem, filial  del Grupo Pullman Bus inició una ofensiva legal tras el abrupto quiebre del contrato de transporte en la División Salvador, denunciando cobros ilegales de garantías y una demanda sobredimensionada. La cuprífera, en tanto, tildó el relato de la empresa como “falso” y reveló millonarias deudas previsionales y embargos de la Tesorería que pusieron en jaque la continuidad del servicio en Atacama.

Un cambio radical y de alta tensión jurídica se concretó este lunes 10 de agosto en la comuna de Diego de Almagro. Tras años trasladando a miles de operarios entre la ciudad de El Salvador y las faenas industriales ubicadas a 2.600 metros de altura, la empresa Tándem cesó sus funciones para dar paso a Buses JM, que operará bajo el nombre de Consorcio Andino. El relevo ocurre en medio de una feroz batalla en tribunales donde la transportista, perteneciente al Grupo Pullman, exige una indemnización de $79.423 millones de pesos por presuntos incumplimientos contractuales de la minera estatal.

La disputa legal tiene su origen en un acuerdo de prestación de servicios firmado en mayo de 2023, cuya vigencia se extendía originalmente hasta el año 2034. Sin embargo, la relación entre las partes colapsó luego de que Tándem acusara que “Codelco ha incurrido en incumplimientos graves y reiterados de las obligaciones asumidas”, basando su reclamo en una supuesta sobreestimación de la demanda por parte de la minera que le habría generado pérdidas financieras incalculables. Según el libelo, la empresa invirtió cerca de $80.000 millones para desplegar una flota de 64 vehículos, que incluía 30 buses eléctricos y camionetas 4×4, esperando una facturación mensual que nunca se materializó según lo proyectado.

En su ofensiva judicial, Tándem sostiene que en mayo de este año la estatal solicitó el pago de dos boletas de garantía por montos que superan los $2.800 millones en total sin poner término formal al contrato, lo que calificaron como una acción ilegal. La defensa de la transportista es categórica al señalar que “Tándem siempre ha cumplido de manera completa, suficiente y excepcional con las mejores prácticas de la industria”, enfatizando que mantuvieron la operación incluso enfrentando perjuicios económicos derivados de la gestión de la mandante.

La respuesta de Codelco ante el 1° Juzgado de Letras de Diego de Almagro no se hizo esperar, calificando al privado como un “contratante negligente, que incurrió y sigue incurriendo en incumplimientos contractuales graves y reiterados”. La cuprífera acusó a la firma de intentar sostener un “falso relato” para ocultar una profunda crisis financiera que incluye el pago fuera de plazo de cotizaciones previsionales durante 18 meses continuos y una resolución de embargo de la Tesorería General de la República por deudas impagas que alcanzan los $893 millones.

El contraataque de la estatal también sacó a la luz problemas operativos y de seguridad. La minera expuso que en junio pasado el terminal vial de La Serena no estuvo disponible por negligencias de Tándem, obligando a los trabajadores a embarcar en plena vía pública. Además, denunciaron atrasos en las cuotas de leasing de los equipos y la falta de renovación de boletas de garantía que vencieron en enero de 2026. Para Codelco, la estrategia jurídica de su contraparte es clara: “Tándem pretende transformar su propio riesgo contractual y financiero en una restricción judicial contra Codelco”.

Actualmente, el conflicto escaló a la Corte de Apelaciones. Si bien el tribunal de primera instancia había dictado una medida precautoria que prohibía a la minera suscribir nuevos contratos de transporte en esa división, los abogados de la estatal lograron que el tribunal de alzada concediera una orden de no innovar. Con esta resolución en mano, se suspendieron los efectos de la restricción inicial, permitiendo que desde este lunes la nueva operadora asuma el servicio para garantizar la continuidad operacional de la faena. Mientras tanto, la justicia deberá resolver el fondo de una demanda que se perfila como una de las disputas contractuales más cuantiosas del sector minero en el último tiempo.

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