La publicación de la sentencia íntegra reveló que la presidenta del organismo, cercana al Frente Amplio, utilizó su facultad dirimente en tres ocasiones para declarar inconstitucionales los ejes centrales de la iniciativa del Gobierno. El fallo, que divide aguas en la magistratura, frena la revisión policial de mochilas y la pérdida de la gratuidad, instalando un debate sobre el peso político de la actual testera del tribunal.
La publicación detallada de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el proyecto “Escuelas Protegidas” terminó por confirmar lo que en los pasillos de calle Huérfanos era un secreto a voces: el rol protagónico de su presidenta, Daniela Marzi Muñoz, en el freno a la agenda de seguridad escolar del Ejecutivo. Con la difusión del fallo, quedó en evidencia que la ministra —designada en su momento por el expresidente Gabriel Boric— fue quien inclinó la balanza en las disposiciones más polémicas mediante el uso reiterado de su voto dirimente.
El escenario judicial se presentó con una fractura interna nítida. En tres de las normas fundamentales, el pleno del TC alcanzó un empate técnico de 5 contra 5. De un lado, el bloque integrado por Marzi, Nancy Yáñez, Catalina Lagos, Alejandra Precht y María Gómez votó por acoger las impugnaciones; del otro, los ministros Miguel Ángel Fernández, Héctor Mery, Marcela Peredo, María Pía Silva y Raúl Mera respaldaron la constitucionalidad de la iniciativa. Fue en esa paridad donde la firma de la presidenta operó como el factor decisivo para desmantelar parte del corazón del proyecto.
La caída de la “lógica de persecución”
El fallo, redactado con un lenguaje que prioriza el estándar de protección a menores, asesta un golpe a la pretensión de habilitar la intervención policial directa en los colegios. Bajo la mirada de la mayoría dirimida por Marzi, el proyecto intentaba desplazar la “lógica formativa, preventiva y de cuidado” propia de un aula para sustituirla por una “lógica de persecución penal”.
Esta visión fue la que permitió declarar inconstitucional la facultad de Carabineros y la PDI para registrar vestimentas y efectos personales de estudiantes ante un mero “indicio” de delito, sin necesidad de instrucción de un fiscal. El tribunal estimó que esta medida “no satisface las exigencias de necesidad y de proporcionalidad que la Constitución impone”, vulnerando además la vida privada y el debido proceso de niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, el voto de la presidenta fue clave para borrar del texto la prohibición de accesorios que hicieran “apología o alusión” a la violencia o las drogas, por considerar que su redacción era tan amplia y difusa que podía derivar en decisiones arbitrarias y tener un “efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión”.
La muralla contra la pérdida de gratuidad
Si bien Marzi fue el rostro del empate en materia policial, la resolución respecto a la inhabilidad para acceder a la gratuidad universitaria de alumnos condenados logró una mayoría más holgada de 7 contra 3. En este punto, la magistratura construyó un razonamiento que apunta a la equidad económica: el fallo establece que la norma introducía una “diferencia arbitraria fundada en la capacidad económica”, ya que, ante un mismo delito, el estudiante vulnerable perdía su derecho a estudiar, mientras que aquel con recursos podía seguir costeando su arancel sin inconvenientes.
El TC fue tajante al señalar que esta medida “retira un derecho adquirido en actual goce, truncando los estudios ya iniciados”, lo que genera un efecto regresivo sobre el derecho a la educación.
Reacciones y el cambio de mando
El resultado judicial ha sido leído como un “estrepitoso fracaso” para el Ministerio de Educación y el gobierno del Presidente Kast, al tratarse de su primera gran apuesta legislativa. Desde el oficialismo, las críticas no tardaron en apuntar a una supuesta “ideologización” de los integrantes del tribunal, acusando que la presidenta estaría “pagando favores políticos” a través de sus fallos.
Este hito marca, además, el cierre del ciclo de Marzi en la testera, ya que a partir del próximo viernes la presidencia y el voto dirimente pasarán a manos de la ministra María Pía Silva, identificada con la Democracia Cristiana. Sin embargo, la huella del criterio de Marzi queda fijada en una sentencia que reafirma la fuerza de los derechos fundamentales frente a las urgencias de seguridad ciudadana.
