La Segunda Sala del Tribunal Constitucional declaró inadmisibles los requerimientos presentados por magistrados investigados por viajar al extranjero mientras estaban con licencia médica. La resolución dejó sin efecto las suspensiones que mantenían congelados sus cuadernos disciplinarios y redujo a siete los casos que aún aguardan un pronunciamiento constitucional.
La Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC) declaró la inadmisibilidad de los requerimientos de inaplicabilidad presentados por los jueces Erna Fuentes, Eduardo Fritz, Juan Manuel Gatica y Macarena Bobadilla. Con esta determinación, el organismo constitucional dejó sin efecto las órdenes de suspensión que mantenían paralizados sus respectivos cuadernos de remoción en la Corte Suprema, habilitando al pleno del máximo tribunal para retomar la tramitación de sus expedientes y resolver si son expulsados del Poder Judicial.
Los cuatro magistrados ,quienes son representados por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, recurrieron ante la magistratura constitucional para impugnar el artículo 41 del Auto Acordado N° 108-2020 dictado por la Corte Suprema. En sus escritos, las defensas argumentaron que la aplicación de dicho precepto reglamentario en los procesos de remoción vulneraba sus derechos fundamentales. Sin embargo, la Segunda Sala resolvió en fallo dividido rechazar la tramitación de los recursos al constatar que las presentaciones no explicaron con suficiente precisión de qué manera se afectaban tales garantías.
La fundamentación del TC y la división en la votación
En el análisis de fondo para fundar la inadmisibilidad, la mayoría del tribunal sostuvo que el auto acordado cuestionado constituye una ejecución directa de las atribuciones que la propia Carta Magna le confiere a la Corte Suprema en sus artículos 32 N° 13, 80 y 82 para velar por la disciplina y el correcto comportamiento de los integrantes del Poder Judicial.
El dictamen que rechazó la admisión a trámite contó con los votos de las ministras María Pía Silva y Marcela Peredo, junto al ministro Raúl Mera. En vereda opuesta, la postura de minoría estuvo integrada por los ministros Catalina Lagos y Mario Gómez, quienes se manifestaron partidarios de acoger a trámite las cuatro acciones constitucionales. Tras ser notificada formalmente de las resoluciones, la Corte Suprema quedó liberada para fijar las audiencias, escuchar los alegatos de las defensas y proceder a la votación de los cuadernos.
Siete magistrados continúan a la espera de un pronunciamiento
Con el despeje de estas cuatro causas, la nómina de jueces investigados que aún mantienen recursos pendientes ante el Tribunal Constitucional se redujo a siete magistrados. El grupo que aguarda una definición comprende a los jueces Daniel Urrutia, María Verónica Arancibia, Jorge Saavedra, María José Salas, Óscar Pacheco, Carlos Jeria y Katrina Chahin.
Dentro de este grupo remanente, el caso del juez Jorge Saavedra registra el estado procesal más avanzado. El pleno del TC ya escuchó los alegatos de las partes y adoptó un acuerdo sobre el fondo del asunto, restando únicamente la redacción y notificación oficial de la sentencia. La resolución que se emita en dicha causa es seguida con especial atención en el foro judicial, en atención a que su criterio podría generar un efecto determinante para el resto de los requerimientos en curso.
El inédito procedimiento disciplinario —originado tras detectarse viajes al exterior en períodos amparados por licencias médicas— acumula hasta la fecha la revisión de 47 cuadernos por parte del pleno de la Corte Suprema. En dichas jornadas de deliberación, el máximo tribunal ha alcanzado la mayoría calificada de 11 votos exigida por la Constitución para decretar la remoción de 11 magistrados.
