Con 35 votos a favor, la Sala de la Cámara Alta respaldó la propuesta del Ejecutivo para llenar la vacante producida por el cese de María Teresa Letelier.Pese a que el Gobierno destacó sus cuatro décadas en el Poder Judicial al margen de cuestionamientos de probidad, los votos en contra del Frente Amplio y el PC reflejaron la discusión en torno a sus fallos en causas de lesa humanidad.
La Sala del Senado aprobó este martes la nominación de la actual presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Marisol Rojas Moya, para convertirse en la nueva integrante de la Corte Suprema. La propuesta enviada por el Ejecutivo fue ratificada por una mayoría de 35 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, superando el quórum constitucional exigido para llenar la vacante dejada por la exministra María Teresa Letelier tras su retiro por cumplir el límite legal de 75 años.
El resultado en el hemiciclo dejó expuestas las divisiones políticas que acompañaron la tramitación de su nombre desde la Comisión de Constitución. La oposición interna se materializó en los votos en contra de los senadores Diego Ibáñez (FA), Daniel Núñez (PC), Claudia Pascual (PC), Yasna Provoste (DC) y Beatriz Sánchez (FA), sumados a las abstenciones de Francisco Huenchumilla (DC), Ximena Órdenes (independiente-PPD) y Alejandra Sepúlveda (FRVS). Las prevenciones del bloque disidente se concentraron en el perfil doctrinario de la magistrada y sus pasados criterios de juzgamiento en causas de derechos humanos.
Frente a las aprensiones manifestadas en el Congreso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, sostuvo que para definir su candidatura dentro de la quina conformada por el máximo tribunal “han primado los elementos de mérito de la candidata, fruto de una extensa y destacada carrera judicial”. La posición del Ejecutivo buscó relevar a una figura formada íntegramente en la judicatura y distante de los escándalos de probidad que han afectado a la magistratura en el marco del caso Hermosilla.
Con 63 años y egresada del Liceo 1 y de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Rojas acumula casi 40 años de trayectoria continuada en el escalafón judicial. Inició su recorrido en 1987 como oficial tercera del 30° Juzgado Civil de Santiago, asumiendo posteriormente como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago en 1992 y como jueza titular del 28° Juzgado Civil en 1998. Tras desempeñarse como relatora de salas en la Corte Suprema entre 2004 y 2012, juró como ministra titular del tribunal de alzada capitalino en septiembre de dicho año, cuerpo colegiado que pasó a presidir en marzo de 2026, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar dicha instancia desde 2018.
Durante la revisión en la Comisión de Constitución, el senador Pedro Araya expuso el informe favorable de la instancia destacando la gestión procesal impulsada por la jueza, la cual permitió resolver 10.633 causas durante 2025 mediante un plan de descongestión implementado en el tribunal capitalino. En la misma audiencia, ante los cuestionamientos de sectores oficialistas sobre su orientación doctrinal, la magistrada descartó filiaciones políticas al señalar: “Yo no tengo tendencia política, yo soy juez. He sido toda mi vida juez, nunca tuve un trabajo diferente al Poder Judicial y siempre he fallado conforme al mérito de los antecedentes”.
El análisis de su expediente en la Cámara Alta abarcó también resoluciones de alta connotación social e institucional. Ante los emplazamientos sobre la aplicación de la “media prescripción” o prescripción gradual en crímenes de lesa humanidad en causas como el caso Arévalo Yáñez, la magistrada fundamentó la evolución de su criterio, precisando que si bien acogía la prescripción en acciones indemnizatorias civiles en favor del Fisco, ajustó sus fallos tras las sentencias internacionales contra el Estado chileno. En su trayectoria judicial figura además el rechazo al recurso de amparo del exfrentista Galvarino Apablaza en abril de 2026, su voto a favor de acoger la querella de capítulos contra el exministro Juan Antonio Poblete por espionaje telefónico en septiembre de 2023, y una anotación de demérito impuesta por la Tercera Sala del máximo tribunal en enero de 2014 por desobedecer una orden de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional en el marco de un recurso presentado por el diario La Segunda.
A ello se sumó el examen sobre mecanismos de prevención de conflictos de interés, registrándose en el informe que su cónyuge, Iván Abelardo Covarrubias Pinochet, ejerce como Oficial 1° del 30° Juzgado Civil de Santiago, mientras que su hijo, Iván Covarrubias Rojas, se desempeña en el sistema notarial. Con la aprobación por dos tercios del Senado, la nominación de Rojas queda perfeccionada para que la abogada asuma de forma oficial su escaño en el pleno de la Corte Suprema.
