Mauricio Juppet von Bartsch es Abogado, experto en Litigación Compleja, Derecho Público y Comercial. Asociado en Corral & García Abogados
El secreto bancario en Chile enfrenta una encrucijada regulatoria crítica entre los estándares del GAFI, OCDE y Basilea III que exigen supervisión eficiente con acceso directo a datos financieros, generando tensiones fundamentales entre privacidad individual y eficacia administrativa.
Los recientes debates legislativos han cobrado intensidad en la actualidad, especialmente a raíz de proyectos de ley recientes que buscan flexibilizar su levantamiento en casos de presunta corrupción y crimen organizado. El Congreso discute actualmente reformas que permitirían a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y al Servicio de Impuestos Internos acceder directamente a información protegida por secreto bancario de parlamentarios, ministros y otros altos cargos, sin necesidad de autorización judicial previa en situaciones de operaciones sospechosas, una exigencia internacional impulsada por el GAFI y la OCDE[1].
En este sentido, Chile mantiene la singularidad de exigir autorización judicial previa para que la UAF acceda a información bancaria protegida, priorizando garantías procesales sobre la agilidad investigativa; sin embargo, el rechazo de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados el 29 de septiembre[2] el proyecto que habilitaba a la CMF (y por extensión a la UAF) para acceder a información bancaria sin autorización judicial al proyecto que ampliaba estas facultades expuso la falta de consenso sobre este enfoque garantista.
El Common Reporting Standard permite desde 2018 el reporte automático al SII de cuentas extranjeras a 91 jurisdicciones sin intervención judicial, demostrando que Chile ya ha cedido parte de su secreto bancario para la cooperación tributaria internacional, mientras restringe el acceso para las investigaciones domésticas de lavado de activos[3].
La implementación de Basilea III[4] exige análisis de riesgos sistémicos mediante algoritmos que procesan datos tradicionalmente protegidos, creando una contradicción entre el secreto absoluto y la supervisión macroprudencial necesaria para evitar crisis financieras.
Las declaraciones de Javier Etcheberry sobre filtraciones sistemáticas de información tributaria fueron utilizadas políticamente para frenar cualquier flexibilización, pese a que el SII documentó solo 17 procesos administrativos por mal uso en siete años, lo que pone en evidencia la eficacia de los controles internos existentes.
El estancamiento parlamentario acarrea riesgos de “downgrading” por el GAFI, lo que restringiría el acceso a mercados internacionales y aumentaría el costo de capital para el país. La próxima ronda de evaluaciones mutuas, con plazos más cortos para corregir deficiencias, intensifica la urgencia de modernizar el marco legal.
La solución no es ni levantar el secreto por completo ni mantenerlo como muro infranqueable, sino un modelo de supervisión diferenciada que la CMF ya tradujo en la Circular N° 2.365 y las normas de Basilea III[5]: análisis agregado para macroprudencia, acceso restringido con protocolos reforzados para riesgo sistémico y salvaguarda judicial para casos penales individuales. Con esta arquitectura, reconoce que las garantías constitucionales son la base irrenunciable del sistema y no deben transgredirse por presiones políticas. Así, Chile avanza en la adopción de estándares internacionales sin que el resguardo de cada persona, consagrado en la Constitución, quede por debajo de dichos estándares.
[1] UAF.. Proceso de inteligencia financiera para detectar indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo [Exposición de Carlos Pavez Tolosa]. Comisión de Economía del Senado.
[2] Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, Comisión de Seguridad, Acta de sesión N° [231], 29 de septiembre de 2024, disponible en: https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=369730&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION
[3] Servicio de Impuestos Internos, Resolución Exenta N° 94, de 10 de octubre de 2024, que instruye sobre el Estándar Común de Reporte (Common Reporting Standard – CRS), disponible en: https://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2024/reso94.pdf
[4] Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), Basilea III: Implementación en Chile y su impacto en la regulación prudencial, Santiago, 2018
[5] Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Circular N° 2.365 (08 de julio de 2025), “Establece ajustes en el Capítulo 21-13 de la Recopilación Actualizada de Normas. Bancos”, Santiago.
