El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, confirmó que el caso por el presunto uso de una red coordinada de cuentas y bots para influir en el debate político local pasará a manos de la fiscalía regional. El principal desafío jurídico para el ente persecutor será determinar si las conductas descritas configuran figuras penales como acceso ilícito a datos o amenazas, dado que el uso de perfiles automatizados no constituye un delito en sí mismo en la legislación chilena.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, confirmó que la denuncia interpuesta por el diputado Juan Santana (PS) a propósito de las actividades en Chile del consultor político argentino Fernando Cerimedo será derivada formalmente a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. La oficina liderada por el fiscal regional respectivo tendrá la tarea de analizar los antecedentes y resolver si existen elementos suficientes para abrir una investigación penal o si, por el contrario, los hechos deben ser descartados o agrupados con indagatorias actualmente vigentes.
En una primera instancia, los antecedentes ingresados por el parlamentario socialista fueron analizados de manera técnica por la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos (Ulddeco) de la Fiscalía Nacional. Tras este análisis inicial, Valencia explicó que el rol del Ministerio Público en esta fase es canalizar la presentación para que la fiscalía regional competente determine si la conducta reviste carácter de delito. “La denuncia califica los hechos que describe como un conjunto de delitos, algunos de naturaleza informática, que tendrían que ver, creo, con intento de interceptación de datos o algo de esa naturaleza”, detalló la máxima autoridad penal en conversación con Radio ADN.
El vacío de los bots y las figuras penales en juego
El principal nudo técnico y jurídico que deberán despejar los fiscales de la zona Centro Norte radica en que la utilización de herramientas digitales automatizadas, bots o cuentas coordinadas no está tipificada como un delito en el ordenamiento penal chileno. Debido a este vacío normativo, la estrategia de la denuncia apunta a encuadrar las maniobras de manipulación digital en ilícitos contemplados por la ley, tales como amenazas, acceso ilícito a sistemas o datos, receptación de información y una eventual asociación delictiva.
Entre los hitos que el diputado Santana expuso ante el Ministerio Público destaca la desactivación simultánea de las cuentas de la red social X identificadas como “Neuroc” y “Dress” entre el 18 y el 20 de agosto pasados. Dicho apagón digital coincidió temporalmente con la detención de Fernando Cerimedo en Bolivia, quien fue aprehendido tras ser acusado de contratar a dos sicarios para atentar contra la vida de su expareja, la abogada Nadia Beller.
Si bien la presentación judicial reconoce que la coincidencia de fechas no constituye una prueba irrefutable de un vínculo directo entre el consultor argentino y las cuentas, Santana solicitó formalmente a la fiscalía decretar medidas urgentes de preservación de evidencia digital. La petición apunta a requerir a la plataforma X el resguardo de correos electrónicos, números telefónicos, direcciones IP y dispositivos asociados a dichos perfiles antes de que la información pueda ser borrada del servidor.
Coordinación de ataques y la sombra política de Numen
La denuncia también incorpora antecedentes sobre supuestas campañas de desprestigio dirigidas contra figuras políticas locales como Evelyn Matthei y el diputado Johannes Kaiser. Para sustentar la acusación de coordinación, el escrito cita un análisis de datos elaborado por Chile Vamos —revelado originalmente por el medio de investigación Ciper—, el cual concluyó que aproximadamente el 38% de las cuentas que participaron activamente en los ataques contra la alcaldesa de Providencia también manifestaban apoyo explícito a contenidos del Partido Republicano. Asimismo, se incluye un diálogo atribuido al administrador del perfil “Neuroc”, quien habría asegurado que miembros de un grupo de derecha mantenían un contacto fluido y frecuente con el encargado de redes sociales de la campaña presidencial de José Antonio Kast.
No es el único flanco que la fiscalía deberá evaluar de manera integrada. El Fiscal Nacional recordó que la Fiscalía Regional de Valparaíso ya mantiene abierta una investigación penal por una denuncia previa relacionada con ataques informáticos en perjuicio de Evelyn Matthei. Ante este escenario, Santana solicitó que la Fiscalía Centro Norte agrupe y unifique todas las causas relativas a estas operaciones digitales para asegurar una indagatoria conjunta.
La causa penal sitúa en el centro del debate el historial de la firma Numen Group, de propiedad de Cerimedo, en los procesos electorales chilenos. Está acreditado que la empresa participó activamente en estrategias digitales durante la campaña del Rechazo para el plebiscito constitucional de 2020 y posteriormente constituyó la sociedad Numen SpA en el país, firma que estuvo detrás de la difusión de una controvertida encuesta previa a los comicios.
A nivel de conexiones políticas, la denuncia destaca los nexos de Numen con la organización “Casa Común” ,un espacio de empresarios de derecha orientado a la opción Rechazo, de donde surgieron figuras que luego recalaron en el círculo de asesores presidenciales de José Antonio Kast en La Moneda, como el jefe de asesores Alejandro Irarrázaval y el exintegrante del Segundo Piso Ignacio Dülger. Aunque el entorno de Dülger ha negado la existencia de una relación estrecha con Cerimedo o con las cuentas anónimas acusadas, el diputado argentino Agustín Romo ratificó públicamente en televisión el vínculo del estratega digital con la campaña presidencial local. Con los antecedentes en su poder, la Fiscalía Centro Norte iniciará la evaluación técnica del caso para resolver si da curso o no a una investigación penal formalizada.
