Recientemente el ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel, abrió la puerta a la posibilidad de reducir la tasa impositiva corporativa de 27% a 24%, un paso que, en teoría, podría atraer más inversión y mejorar la competitividad del país en el ámbito global. Para entender las implicaciones de este cambio, es necesario analizar el contexto en el que se enmarca esta propuesta, sus potenciales beneficios y los riesgos asociados.
Chile ha sido históricamente reconocido por su tasa impositiva corporativa relativamente alta en comparación con otros países de la región. En 2019, la tasa estaba fijada en un 27%, y aunque se redujo para las PYMES, la carga fiscal sobre las empresas sigue siendo considerable. En países como Uruguay o Argentina, incluso se proyectan reducciones fiscales que podrían situarse por debajo del nivel chileno. La competencia por atraer inversión extranjera ha llevado a otros países, como Irlanda y Estados Unidos, a bajar sus tasas corporativas para incentivar el flujo de capital.
Es en este contexto de creciente competencia global donde el gobierno plantea una disminución de la tasa impositiva corporativa, puede ser clave para reactivar la inversión interna y externa. La pregunta es si esta reducción será suficiente para lograr los resultados esperados o si, por el contrario, creará distorsiones fiscales que terminen perjudicando el crecimiento económico del país.
¿Cómo asegurar que esta reducción fiscal no se vea contrarrestada por medidas compensatorias que terminen afectando a los accionistas y, en última instancia, a los ciudadanos? Si bien la propuesta contempla una reducción en la tasa corporativa, el gobierno también ha sugerido una serie de medidas compensatorias, como el aumento en los impuestos sobre la distribución de dividendos y una modificación en la estructura del impuesto corporativo. Si el ajuste no se maneja con precisión, podría resultar en una carga fiscal igual o incluso mayor para los inversionistas, lo que limitaría el impacto positivo esperado sobre la inversión.
Además, la medida busca ser “neutra” en términos fiscales, lo que significa que debe haber una compensación por la menor recaudación que provendría de la reducción en los impuestos a las empresas. Sin embargo, estas compensaciones podrían aumentar la carga tributaria sobre los tramos más altos del impuesto global complementario. De seguir este camino, podría terminar afectando a los segmentos más altos de la población, lo que no solo podría generar una mayor evasión fiscal, sino también un clima de desconfianza entre los inversionistas.
Una de las cuestiones más relevantes es la temporalidad de los efectos de esta medida. Si bien una reducción de impuestos podría generar un alivio inmediato para las empresas, lo cierto es que los efectos sobre la atracción de inversión extranjera podrían tardar más tiempo en materializarse. Es probable que los resultados sean visibles en un plazo de 5 años, una estimación que invita a la reflexión sobre la paciencia necesaria para que las reformas fiscales produzcan los efectos esperados.
El desafío no se limita solo a reducir la tasa impositiva corporativa. Si bien una reforma fiscal que disminuya la carga a las empresas podría impulsar el crecimiento, también es crucial abordar las deficiencias estructurales del sistema tributario chileno. Además de la reducción de impuestos a las empresas, se debería considerar un aumento en la base de contribuyentes, especialmente para aquellos que ganan menos de $800,000 mensuales, que actualmente están exentos del impuesto a la renta. Si bien políticamente esta medida puede ser impopular, podría generar un impacto positivo en la recaudación fiscal sin necesidad de aumentar las tasas impositivas para los segmentos de mayores ingresos. En este sentido, el gobierno también debería revisar otras áreas de la reforma tributaria, como la elusión y evasión fiscal, y los impuestos correctivos o verdes, los cuales aún no se han explorado completamente. Para que la reforma fiscal sea efectiva, es necesario un enfoque integral que no solo reduzca los impuestos, sino que también promueva una mayor equidad en la distribución de la carga tributaria.
La propuesta de reducción de impuestos corporativos es, en principio, una buena noticia para aquellos que creen que el país necesita ser más competitivo en el escenario global. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la medida debe ir acompañada de un paquete fiscal que no distorsione los equilibrios económicos. La política tributaria debe orientarse hacia un crecimiento sostenible, con una adecuada redistribución de la carga fiscal que no perjudique a los sectores más vulnerables ni provoque un aumento de la informalidad. Solo el tiempo dirá si las medidas adoptadas realmente contribuirán a un mayor crecimiento económico o si, por el contrario, terminarán profundizando las brechas fiscales del país.
