La reconstrucción brindada por el propio hijo del imputado y las definiciones de la Fiscalía del Biobío convergen en un punto crítico: la alta vulnerabilidad de las patrullas policiales al atender denuncias por violencia intrafamiliar. Mientras el Juzgado de Garantía de Los Ángeles amplió la detención de Mauricio Cerda a la espera de peritajes clave, el fiscal regional Roberto Garrido advirtió la necesidad de reevaluar las pautas de actuación en el terreno.
Con la ampliación de la detención por 72 horas decretada por el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, la investigación penal por el asesinato del sargento segundo Jaime Ariel Urrea Burgos ingresó a una etapa decisiva previa a la formalización fijada para este jueves a las 11:55 horas. El crimen, registrado la noche del domingo al interior de un domicilio en la comuna de Quilleco, volvió a encender las alarmas en el Ministerio Público y en Carabineros sobre la peligrosidad latente en las intervenciones por violencia intrafamiliar (VIF).
Más allá de las primeras versiones policiales, la reconstrucción detallada de la dinámica previa y del momento exacto del disparo surgió desde el núcleo familiar del propio imputado, Mauricio Cerda Albornoz, de 58 años. Su hijo, quien realizó el segundo llamado de alerta a Carabineros desde el patio trasero de la vivienda para no alterar a su padre, expuso la escalada de tensión que se vivía al interior del hogar.
Según el testimonio entregado por el joven a Teletrece, el imputado se encontraba alterado y amenazaba directamente a su entorno para evitar la llegada de la policía. “Estuvo todo el tiempo diciendo que íbamos a ver qué iba a pasar si llamábamos a Carabineros, que él no estaba ni ahí y si quería los mataba“, recordó el testigo. Antes del arribo de la patrulla, Cerda ingresó a un dormitorio para armarse: “Lo que hizo mi papá dentro de la pieza fue tomar la escopeta, agarrar una caja de cartuchos que tenía y rajó la caja encima de la casa, quedaron todos los cartuchos encima de la cama y cargó la escopeta”.
Al golpear la puerta de la habitación el sargento Urrea, el sujeto respondió “Salgo altiro”. Pese a que el joven advirtió al funcionario que su padre portaba un cuchillo y una escopeta, la salida del agresor fue intempestiva. De acuerdo con el relato del hijo del detenido, el carabinero actuó bajo protocolo y solicitó deponer la actitud antes de cualquier disparo: “Carabineros, en ningún momento disparó primero, ellos le dieron la advertencia que bajara el arma y después de eso, mi papá pega el tiro”. El impacto percutado a corta distancia alcanzó el cuello del uniformado, provocándole lesiones gravísimas que determinaron su fallecimiento minutos más tarde en el consultorio de Quilleco.
Para la Fiscalía Regional del Biobío, el hecho no solo reviste una “extrema gravedad” que motivó la destinación personal del fiscal jefe de Los Ángeles para dirigir las primeras diligencias en el sitio del suceso, sino que también expone una discusión de fondo sobre la seguridad en la atención de este tipo de emergencias.
El fiscal regional Roberto Garrido enfatizó que el trágico desenlace obliga a revisar la forma en que los efectivos abordan los procedimientos de VIF. “Hay que revisar cuáles son los procedimientos, evitar poner en riesgo a carabineros y víctimas”, sostuvo la autoridad persecutora, apuntando a que este tipo de llamados representan escenarios de alto riesgo operativo donde el factor sorpresa y la presencia de armas al interior de los domicilios incrementan la exposición de los funcionarios y de las propias familias.
El imputado, quien fue reducido inmediatamente en el lugar por los acompañantes del sargento fallecido, no registraba condenas previas ni denuncias anteriores por violencia intrafamiliar. Sin embargo, en sus antecedentes policiales figuraba un proceso por conducción en estado de ebriedad en el cual colisionó a un vehículo de Carabineros. Con los peritajes balísticos y autopsiales en curso, la Fiscalía alista la audiencia de formalización de este jueves, instancia en la que solicitará las máximas medidas cautelares.
