La Comisión de Libertad Condicional de Talca concedió de forma unánime el beneficio al excapitán de Carabineros, precisando que la resolución se ejecutará una vez que alcance el piso mínimo legal de la condena de 12 años y 183 días que cumple por apremios ilegítimos.
En una resolución de carácter diferido, la Comisión de Libertad Condicional de Talca otorgó por unanimidad el beneficio de libertad condicional al excapitán de Carabineros Patricio Maturana Ojeda, condenado a 12 años y 183 días de presidio por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas cometidos contra la actual senadora Fabiola Campillai Rojas. Sin embargo, la decisión del órgano técnico no contempla un egreso inmediato del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina, sino que supeditó la puesta en libertad al cumplimiento efectivo del umbral temporal mínimo fijado por la legislación previsional penal.
De acuerdo con el texto de la resolución dictada por la instancia judicial, el beneficio se materializará hacia fines de año. “El solicitante gozará del beneficio que por esta resolución se otorga, una vez que cumpla el tiempo mínimo, esto es, a partir del día 2 de diciembre de 2026″, consigna el dictamen. El fallo de la comisión se notificó a las partes a días de conmemorarse un nuevo aniversario de las manifestaciones iniciadas el 18 de octubre de 2019, contexto en el cual el exoficial percutó una carabina lanza-gases de forma directa al rostro de la víctima en la comuna de San Bernardo, provocándole la pérdida definitiva de la visión, el gusto y el olfato.
La ponderación del umbral legal y el descarte de lesa humanidad
Para resolver la solicitud, los integrantes de la comisión analizaron la vigencia de los requisitos exigidos por el Decreto Ley N° 321 y la oposición formal presentada por la representación legal de la senadora. Frente al planteamiento de la víctima respecto a que al postulante se le debía exigir el cumplimiento de dos tercios de la pena privativa de libertad, el tribunal de alzada desestimó dicha exigencia al precisar que el tipo penal por el cual fue sentenciado Maturana no forma parte del catálogo especial de delitos que requieren el transcurso de los dos tercios del presidio.
A esta fundamentación técnica se sumó que la sentencia definitiva dictada en su momento por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo descartó expresamente calificar las agresiones como un crimen de lesa humanidad, encuadrando el hecho bajo la figura sancionatoria de apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas. Bajo ese encuadre procesal, la comisión concluyó que la exigencia legal aplicable corresponde al cumplimiento de la mitad de la condena, cota que los registros de Gendarmería fijaron para el próximo 2 de diciembre.
El informe de Gendarmería y el rechazo a la oposición
Junto con el factor cronológico, la resolución ponderó de manera central el informe psicosocial elaborado por el equipo profesional del Centro Penitenciario de Molina, unidad donde el condenado ya gozaba del beneficio de salida dominical. El documento psiquiátrico y social otorgó una calificación favorable a la postulación del excarabinero, destacando una baja probabilidad de reincidencia delictiva y una conducta intachable durante el periodo de reclusión.
En sus pasajes centrales, el informe técnico consignó que “El postulante evidencia actualmente una adecuada asunción de responsabilidad, reconocimiento del impacto de sus actos y rechazo explícito de la conducta delictiva, manifestando disposición sostenida a mantener un comportamiento ajustado a las normas sociales”. Respecto del riesgo alegado por Campillai en cuanto a su seguridad física y estabilidad psíquica, la comisión desestimó la aprehensión indicando que en el expediente penal y penitenciario no constan registros de amenazas, acercamientos o actos de amedrentamiento dirigidos por el interno hacia la legisladora o su entorno cercano.
Reacción de la senadora y anuncio de acciones internacionales
Tras conocerse el dictamen unánime de la comisión, la senadora Fabiola Campillai emitió una declaración pública manifestando su rechazo a la resolución y calificando la concesión de la libertad condicional como una señal de grave retroceso en materia de DD.HH. “Como víctima y como senadora de la República, afirmo con claridad que esta decisión constituye un acto de impunidad”, aseveró la parlamentaria.
La legisladora cuestionó que el beneficio proceda sin que exista un reconocimiento público de responsabilidad o una petición explícita de perdón por parte del condenado, enfatizando que la decisión perjudica el acceso efectivo a la justicia. Frente a este escenario, Campillai confirmó que sus equipos jurídicos activarán las herramientas del fuero interno y recurrirán a organismos supranacionales para buscar la revocación de la medida. “No me quedaré de brazos cruzados. Recurriré a todas las instancias judiciales correspondientes para revertir esta decisión y, si es necesario, acudiremos a instancias internacionales”, advirtió la congresista, concluyendo que “este golpe no me debilita: me compromete más que nunca con una lucha que no es solo mía”.
