Desde su origen, este poder del Estado ha enfrentado desafíos y controversias en su búsqueda por administrar justicia, proteger los derechos fundamentales y mantener su independencia.
Pues bien, el periodo que rodea al Golpe de Estado, esto es, al 11 de septiembre de 1973, representa un capítulo central en esta reflexión.
Esta exposición crítica busca analizar el papel del Poder Judicial chileno antes de este evento, destacando cómo su actuación influenció y fue influenciada por los cambios políticos y sociales de tan compleja época, y la paradoja del activísimo papel de resguardo de la legalidad y del derecho de propiedad durante la UP, si se la compara con la pasividad y omisiones sistemáticas en la protección de los DDHH de las personas perseguidas por la Dictadura, después.
Antes de abordar el papel del Poder Judicial chileno en la crisis de 1973, es fundamental entender el contexto previo.
A lo largo del siglo pasado, Chile experimentó cambios políticos y económicos significativos.
La democracia y la inestabilidad política coexistieron, y las tensiones sociales y económicas se agudizaron especialmente desde la década del 60´.
En este esquema, desde el Poder judicial se repetía que la función judicial es una actividad apolítica y que los jueces resguardaban la legalidad.
Sin embargo, no puede perderse de vista que políticamente, el Poder judicial chileno ha sido considerado antipopular, por excelencia, apuntado, con mayor o menor razón, como defensor de los sectores dominantes (el jurista y académico Eduardo Novoa así lo dejó por escrito en su momento).
Con la investidura de Allende como Presidente de Chile, se inició el más ambicioso proceso de cambios sociales, económicos y políticos del que haya sido testigo Chile durante su historia.
Como abanderado de la Unidad Popular, Allende no sólo se convirtió en el primer presidente socialista en el mundo en ser elegido democráticamente, sino también el primero en intentar en transitar al socialismo mediante la vía pacífica, también llamada vía chilena al socialismo.
Su programa básico de gobierno contemplaba la construcción de un “Estado Popular” y una economía planificada, en gran parte estatizada.
Aunque la ley de nacionalización del cobre fue aprobada sin oposición en el Congreso, no ocurrió lo mismo con el intento de estatizar las grandes empresas.
Al no contar con mayoría parlamentaria, el gobierno decidió echar mano de un olvidado, aunque vigente decreto, dictado durante la República Socialista de 1932.
Éste le permitió al gobierno de la Unidad Popular expropiar cualquier industria que fuese considerada estratégica para la economía.
Además de la expropiación (que generalmente era precedida por la toma de la industria por parte de sus trabajadores), el gobierno utilizó otros mecanismos como la compra de acciones, lo que le permitió controlar casi el 80 por ciento de las industrias y un número importante de bancos.
En el sector agrario se profundizó el proceso de reforma agraria iniciado por el gobierno de Alessandri y acelerado por el de Eduardo Frei Montalva, logrando la expropiación de más de 4.400 predios, sin contar con las más de 2.000 tomas efectuadas por los trabajadores agrícolas.
El gasto social provocó un creciente déficit en los recursos fiscales que el gobierno intentó solucionar mediante la emisión monetaria fiscal.
Esto generó un proceso inflacionario galopante que se vio agravado por severos problemas de abastecimiento, acaparamiento y sabotaje empresarial.
Junto a esto, se sumó el rechazo de gremios como el de médicos, comerciantes minoristas, camioneros y mineros de El Teniente.
En el frente interno, el gobierno se vio entrampado por la división entre los sectores que querían acelerar y profundizar el proceso revolucionario y los que pretendían consolidar el proceso.
Empezó a cocinarse la opción de un Golpe.
Aunque esta opción golpista se vio frustrada el 29 de junio de 1973, en el fallido intento de golpe de Estado conocido como el tanquetazo, fue claro para Allende que solo un contundente apoyo popular daría viabilidad a su gobierno.
Su idea era convocar a un plebiscito (lo que comunicó al mismo Pinochet, hasta ese momento de confianza), sin embargo, nunca llegó a efectuarse por el Golpe del 11 de septiembre, hecho que marcó el fin de la Unidad Popular.
Pues bien, no es un misterio que durante el gobierno de Salvador Allende, de la UP, y bajo la presidencia de Urrutia Manzano (1972-1975), hicieron de la Corte Suprema un opositor del Gobierno, con un actívisimo papel de resguardo de la legalidad y el derecho de propiedad.
La Corte Suprema y el Poder judicial no estaban dispuestos a adecuarse al concepto de “Estado popular” acuñado en el Programa de Gobierno de la UP.
Allende afirmaba que su gobierno concebía una nueva organización y administración de justicia que devendría en auxilio de las clases mayoritarias, y que reemplazaría la concepción de la magistratura individualista y burguesa.
Esta amenaza fue recibida por la Corte Suprema y la magistratura.
Empezó un duro, tenso y permanente diálogo entre la Corte Suprema y el Gobierno por la resistencia del Ejecutivo a cumplir las decisiones judiciales, por ejemplo, de lanzamiento de quienes se tomaban fundos, fábricas o casas.
Además, Allende ordenó que los fallos que pedían auxilio de la fuerza pública fueran consultados con el Ministro del Interior antes de ser ejecutados.
Para Allende las Cortes no estaban entendiendo el proceso transformador de la Sociedad.
Todo fue desenvolviéndose para que, en medio de la polarización y hacia 1973 el Poder judicial fuese uno de los baluartes en las acusaciones sobre las ilegalidades en que incurría el Gobierno de la UP.
Al punto que el 25 de junio del 73´, el pleno de la Corte Suprema presidida por Urrutia Manzano, envió un oficio durísimo al presidente Allende.
Poco más de dos meses después se produce el Golpe.
