El plebiscito en perspectiva. Por Marisol Peña

Oct 21, 2020 | Opinión

Créditos Imagen : UC.cl/Karina Fuenzalida

Marisol Peña. Expresidenta del Tribunal Constitucional y profesora Titular de Derecho Constitucional UC.

Este domingo 25 de octubre, la ciudadanía chilena concurrirá a las urnas a pronunciarse acerca de si quiere o no una nueva Constitución. Y lo hará en medio de rebrotes del coronavirus que tienen muy complicadas a ciertas regiones del país como la de la Araucanía, Magallanes y la Antártica Chilena, así como a varias comunas de nuestra propia Región Metropolitana. Y, lo que es aún más complejo, el plebiscito se desarrollará en medio de un ambiente de violencia que tuvo su más dramática expresión en medio de las conmemoraciones por el denominado “estallido social” que puso de manifiesto una situación de clara superación del orden público que las autoridades están obligadas a garantizar.

Por otra parte, este 19 de octubre se ha dado a conocer una nueva versión de la Encuesta Plaza Pública de CADEM, según la cual un 40% de las personas encuestadas cree que la normalización del país depende de un plan de reactivación económica, mientras que el 37% de la muestra se inclina por encontrar esa respuesta en una nueva Constitución y de un 22% que estima que alcanzar esa normalidad pasa por restablecer el orden público como prioridad.

¿Qué puede esperarse del escenario descrito y de los datos consignados tanto para el desarrollo del próximo acto plebiscitario como para lo que viene a continuación?

Desde luego, no es difícil aventurar una escasa participación electoral de la población que vive en las regiones más afectadas por el Covid-19. Incluso, en la Región Metropolitana, se sabe de familias completas que no concurrirán a las urnas por temor al contagio, pese a todos los esfuerzos desplegados por el SERVEL para el desarrollo de un “plebiscito seguro”.

Por otra parte, el porcentaje de personas que consideran que Chile debe emprender, con prioridad, el camino de una nueva Constitución, según la Encuesta CADEM, no sería fácilmente identificable con un triunfo de la opción “Apruebo”, pues muchas personas se han mostrado reacias, por distintos motivos, a manifestar públicamente su intención de voto, por lo que es difícil aventurar un resultado al día de hoy. No obstante, el vandalismo observado durante este 18 de octubre ya ha hecho que algunos proclamen, a través de las redes sociales, que han cambiado su opción del “Apruebo” por la del “Rechazo”, en el entendido que, en un clima de violencia desatada, el trabajo sereno y consensuado de una Convención Constitucional se torna utópico.

Así, el domingo 25 de octubre será un día largo y complejo desde muchos puntos de vista. Sin embargo, es claro que, desde la perspectiva de la democracia, será la única forma de medir si, en el sentir ciudadano, la Constitución vigente se ha transformado en una suerte de “hoja de papel” como Ferdinand Lasalle definía a la Constitución escrita para contrastarla con los factores reales de poder que conviven al interior de la sociedad.

Así, e independientemente de las causas o factores que desencadenaron la reforma constitucional materializada a través de la Ley N° 21.200, en la noche del 25 de octubre se podrá decir si la Constitución que hasta hoy nos ha regido ha sido superada o tiene posibilidades de seguir subsistiendo, aunque con reformas. Y ello, porque ni siquiera los partidarios de la opción “Rechazo” parecen desconocer la necesidad de introducirle cambios que la actualicen a las circunstancias de hoy.

Si triunfa la opción “Rechazo”, el Congreso Nacional deberá prepararse para emprender reformas constitucionales de envergadura sobre el tipo de régimen político en que Chile se desenvolverá en los años venideros en un nuevo reequilibrio de los mecanismos de “checks and balances” o frenos y contrapesos que acompañarán al principio de separación de funciones del Estado. Pero, al mismo tiempo, resultará ineludible estudiar la forma de reforzar los mecanismos de participación directa de la ciudadanía, especialmente en el proceso legislativo, para que la definición de las prioridades no quede nuevamente en manos de las élites políticas, sino que cuente con la intervención decidida de ciudadanos más empoderados y comprometidos con su propio destino.

Pero, como el escenario recién descrito parece el más hipotético -al menos, a la luz de las encuestas de opinión-, la noche del 25 de octubre marcaría el inicio de un intenso ciclo electoral que, como bien ha señalado el propio SERVEL, sólo terminaría, en el año 2022, con el plebiscito destinado a aprobar o rechazar el proyecto de nueva Constitución redactada por alguna de las opciones de Convención Constitucional que se plebiscitarán este domingo.

En consecuencia, en caso de triunfar la opción “Apruebo” este próximo domingo se abren varias interrogantes que sólo nos atrevemos a esbozar en sus líneas generales.

En primer término, las circunstancias que rodearán la elección de los convencionales constituyentes, pues siéndole aplicables varias de las leyes vigentes en materia electoral, deberá aclararse cómo ellas operan respecto, por ejemplo, de la Ley 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, que dice relación con el financiamiento de gastos y reembolsos de candidatos a cargos de elección popular distintos de los convencionales constituyentes.

En segundo lugar, subsisten las interrogantes respecto de la manera cómo se concretará la participación de los candidatos a convencionales constituyentes que sean independientes y que presenten candidaturas, incluso fuera de lista, pues el proyecto de reforma constitucional que facilita la participación de este tipo de candidatos en la elección del órgano constituyente, ha pasado recién a segundo trámite constitucional, después de ser aprobado por la Cámara de Diputados. Algo similar puede decirse del anhelo de contar con escaños reservados para los representantes de los pueblos originarios.

Tercero, la redacción del Reglamento de funcionamiento y adopción de acuerdos de la Convención Constitucional que debe ser aprobado por ésta determinando, entre otras materias, la forma de aplicar el quórum de los 2/3 previsto por la reforma constitucional de diciembre pasado para la aprobación de normas, así como la forma de conformar la Secretaría Técnica de la misma Convención, integrada por personas de comprobada idoneidad técnica y profesional. Tanto el reglamento como la forma de integrar la Secretaría Técnica, que nos parece vertebral en el funcionamiento de la Convención Constitucional, debieran estar esbozados en forma previa a que ésta entre en funcionamiento a fin de que sean aprobados con la mayor celeridad, en sus primeras sesiones. Debe valorarse, en este sentido, los esfuerzos desplegados por algunos centros académicos y de estudios como es el caso de Horizontal y de las Universidades Católica de Chile, de Chile y de Valparaíso que se ha abocado al desarrollo de propuestas de reglamento que la Convención podría tener en carpeta al momento de inaugurar su período de sesiones. Y, ciertamente, ello abre un desafío a todas las fuerzas democráticas en preparación al trabajo de la Convención Constituyente.

Por último, y sin que ésta sea una lista cerrada de inquietudes, nos parece especialmente relevante el diseño de mecanismos a través de los cuales los diversos sectores de la sociedad civil -o no Estado- podrán hacer oír su voz dentro de la Convención Constitucional. Esto no es sólo una exigencia técnica de un “constitucionalismo participativo”, sino que, como lo han demostrado otros procesos constituyentes en el mundo es una exigencia democrática de primera importancia y un factor decisivo de legitimidad en la nueva Constitución que Chile llegue a tener.

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