Ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, el director general Eduardo Cerna transparentó el retiro de funcionarios por faltas disciplinarias y pérdida de confianza entre 2024 y 2026. Junto con detallar el funcionamiento del modelo de compliance policial y las métricas de denuncias internas, la jefatura propuso una reforma legal para someter a todo el personal operativo a declaraciones patrimoniales obligatorias y cruces de datos financieros.
En el marco de una citación especial centrada en fiscalización y probidad administrativa, la Policía de Investigaciones (PDI) presentó ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados un pormenorizado balance sobre el estado del control interno en la institución. Durante su exposición, el director general de la policía civil, Eduardo Cerna, informó que entre el año 2024 y lo que va de 2026 se ha decretado el retiro de 116 funcionarios pertenecientes a diversos escalafones y unidades a lo largo del país. La autoridad policial precisó que estas desvinculaciones responden a razones disciplinarias o pérdida de confianza. Si bien el guarismo no implica que la totalidad de los sancionados haya incurrido en delitos de corrupción, Cerna recalcó que los procedimientos internos han abordado con determinación a efectivos que enfrentan investigaciones por hechos de gravedad.
Durante su intervención ante la instancia parlamentaria, el jefe policial enfatizó la postura institucional frente a las faltas a la ética, señalando que “el que traicionó nuestro juramento a la Patria no merece portar nuestra placa de servicio”. En esa misma línea, Cerna admitió la complejidad de estos procesos afirmando que “hemos detectado y enfrentado con determinación, a través de nuestras propias investigaciones internas, que personas que juraron servir al país están siendo investigadas por delitos graves, traicionando la doctrina institucional y quebrantando el mandato legal que prometimos defender”. No obstante, la máxima autoridad de la PDI remarcó que las personas involucradas no representan la conducta general de la institución y sostuvo que el verdadero rostro de la policía civil lo definen los más de 13 mil hombres y mujeres que cumplen labores diarias con lealtad y rectitud.
En cuanto a los mecanismos de detección, la PDI expuso la evolución de los reclamos ciudadanos e internos gestionados mediante el Portal de Denuncias Virtual PDI OIRS y los canales confidenciales implementados bajo el Estatuto de Protección del Denunciante. De acuerdo con los registros institucionales, durante el año 2024 se recibieron 59 reclamos vinculados a faltas a la probidad y tres por eventuales actos de corrupción. Para el período 2025, las cifras ascendieron a 133 presentaciones por probidad y dos por corrupción, mientras que en lo transcurrido de 2026 se contabilizan 155 reclamos por probidad y tres clasificados bajo la categoría de corrupción. Al analizar este comportamiento de datos, Cerna subrayó que las denuncias por hechos corruptos continúan representando una proporción “ínfima” dentro del universo total de atenciones y fiscalizaciones de la PDI.
Como parte del despliegue preventivo, la jefatura destacó que la PDI se convirtió en la primera institución policial de América en implementar de manera voluntaria un sistema de compliance policial, incorporando esta metodología sin que existiera una obligación legal específica para ello. Esta arquitectura de supervisión involucra el funcionamiento de la Jefatura Nacional de Control Normativo y Administrativo, el departamento de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento, la instalación de Brigadas Investigadoras de Lavado de Activos a nivel nacional y la aplicación del Modelo de Control Interno para la Prevención y Control de Conductas Indebidas. A ello se suma la vigencia de un nuevo Código de Integridad Policial, el reforzamiento de los deberes bajo la Ley del Lobby y la ejecución de pruebas aleatorias para la detección de consumo de drogas entre el personal de distintas unidades.
Para cerrar su presentación, el director general planteó a la comisión legislativa la necesidad de estudiar una ley de integridad y control patrimonial del personal policial. La iniciativa busca modificar la Ley N° 20.880 sobre Probidad en la Función Pública con el objetivo de extender la obligación de presentar declaraciones de intereses y patrimonio a todo el personal que desempeñe labores operativas, investigativas, de inteligencia, fiscalización, contratación o custodia de evidencias. La propuesta técnica sugiere la incorporación de un anexo financiero reservado con información detallada y la autorización legal para realizar verificaciones electrónicas permanentes mediante cruces de información con los registros de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Registro Civil, la Tesorería General de la República y los Conservadores de Bienes Raíces.
