La Contraloría notificó el Informe Final N° 595-2026 a la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, abriendo una demanda de restitución por millonarios pagos no acreditados en sistemas de emergencia. El dictamen confirmó la falta de operatividad del recinto de $47 mil millones, ordenó un sumario interno en 15 días y dejó al descubierto graves deficiencias en salas de autopsia y redes contra incendio.
La frase que pronunció hace algunas semanas el ministro de Justicia, Fernando Rabat, respecto a que el nuevo edificio del Servicio Médico Legal (SML) “es simplemente una fachada, pero no está operativo”, encontró un respaldo definitivo en el papel. Tras concluir una exhaustiva auditoría al contrato de reposición de la sede central del organismo, la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago aprobó el Informe Final N° 595-2026, notificando a la Dirección Regional de Arquitectura Metropolitana (DRAM) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) el inicio de un juicio de cuentas para exigir el reintegro de $1.571.798.088 pagados de forma irregular.
La acción de restitución, articulada al amparo de los artículos 95 y siguientes de la Ley N° 10.336, busca recuperar fondos públicos ejecutados durante la obra adjudicada a la empresa Obrascon Huarte Lain S.A. (OHL) por un monto original superior a los $47.177 millones. Según el ente fiscalizador, el MOP desembolsó la totalidad de dos partidas estratégicas sin contar con los certificados ni ensayos técnicos que demostraran que los equipos funcionaban adecuadamente. El desglose incluye $1.110.013.434 destinados a los cilindros de gas del sistema de extinción de incendios FM-200 y $461.784.654 asignados al grupo electrógeno de emergencia de 900 KVA.
Un sumario en 15 días
En paralelo a la demanda de restitución financiera, el organismo de control otorgó un plazo de 15 días hábiles a la repartición de Obras Públicas para instruir un sumario administrativo que determine las responsabilidades de las jefaturas y funcionarios que autorizaron la recepción de las obras y los pagos cuestionados. La decisión responde a que la comisión receptora aprobó la entrega provisional con reservas el 28 de noviembre de 2025, a pesar de que el recinto ni siquiera disponía de la potencia eléctrica mínima requerida para probar sus instalaciones en conjunto.
Los hallazgos del equipo de auditores revelaron fallas insólitas para una obra de alta complejidad. En la inspección en terreno efectuada el 23 de junio de 2026, cuando el edificio ya sumaba seis meses entregado a explotación, la ocupación alcanzaba apenas un 34,58% de su capacidad, albergando a solo 175 funcionarios. El problema más delicado se constató en el subterráneo, donde la Sala de Autopsias Especiales AS-07 debió ser calificada como “recepción no conforme con impacto crítico” y quedar completamente inhabilitada por riesgo sanitario, al no cumplir con los estándares de hermeticidad y presiones negativas por interferencias con el sistema de aislación sísmica.
Sobrecostos por $8.800 millones
Las deficiencias se extendieron a la seguridad básica del inmueble. Durante la revisión se comprobó que la bomba principal del sistema de protección contra incendios se encontraba inoperativa debido a una incompatibilidad entre sus requerimientos de energía y la red eléctrica instalada en el proyecto. Frente a esa falla, la estructura dependía únicamente de una bomba secundaria que solo mantiene la red presurizada, pero que resulta incapaz de arrojar el caudal de agua necesario para controlar un siniestro.
A la par de la vulnerabilidad operativa, el examen de cuentas sacó a la luz deficiencias en la planificación del proyecto. A través de los convenios ad-referéndum 3, 5 y 6, la repartición aprobó modificaciones contractuales por aumentos que sumaron $1.837 millones, $6.488 millones y $547 millones respectivamente, encareciendo la inversión por indefiniciones u omisiones en las bases originales de licitación. Al 31 de julio de 2026, la obra acumulaba 1.121 observaciones en garantía sin revisar o resolver, dejando en manos de Obras Públicas y del SML un estricto plan de pruebas de estrés para intentar salvar la operatividad del complejo.
